Para debatir sobre cómo mejorar la prevención de los delitos y la erradicación de la violencia para asegurar a la ciudadanía la convivencia pacífica, la integridad física de las personas y los derechos de los individuos, Desarrollo en Democracia (DENDE) reunió a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez; al jefe de Departamento de Antisecuestro e Inteligencia Policial, comisario Nimio Cardozo; y a Luis Fretes, empresario del sector de seguridad y socio fundador de País Seguro y de Desarrollo en Democracia.

Los tres coincidieron en la necesidad de articular políticas públicas de corto, mediano y largo plazos, fortaleciendo la institucionalidad y tomando decisiones políticas que posibiliten cambios reales para disminuir la delincuencia.

La ministra Cecilia Pérez recordó que actualmente la población privada de libertad asciende a 14.780 personas, de las cuales el 72% está sin condena y señaló la necesidad de revisar las normativas y los procesos de condena de acuerdo con sus delitos.

Reconoció los problemas que existen en las penitenciarías del país y señaló que una de las medidas que planean, cuando se concluya la construcción de tres unidades penitenciarias es separar a los líderes del crimen organizado privados de libertad del resto de la población penitenciaria, para evitar que sigan atrayendo más personas.

Señaló que actualmente no existe una trazabilidad desde que se inicia la denuncia sobre un hecho punible hasta que finaliza, es decir no hay una medición de cuántas de las personas denunciadas son imputadas, condenadas, cumplen una condena y egresan de las penitenciarías. «Creo que inmediatamente tenemos que sentarnos a trabajar con un liderazgo del Ministerio del Interior en un esquema de corto, mediano y largo plazo todos los organismos que estamos vinculados a la seguridad para enfrentar esta situación inmediata», resaltó.

Pérez lamentó de que a pesar de que el Ministerio de Justicia es responsable de la población penitenciaria no forma parte del Consejo de Seguridad. Indicó que la visión integral es muy importante y que si bien hay que discriminar los esquemas de trabajo de cada entidad, debe haber un trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la seguridad, sin perder de vista en que debe atacar las causas del delito. Insistió en que se debe dejar de tomar decisiones parches y continuar el trabajo iniciado en gobiernos anteriores.

Entretanto, el comisario Nimio Cardozo manifestó que el principal problema de Paraguay va a ser el crimen organizado, que ya está expandido por todo el país, porque permea todas las instituciones. Asimismo, al hablar de la delincuencia común, indicó que en años anteriores la ola de violencia se iniciaba a fines de noviembre y principios de diciembre, pero que debido a la pandemia este año comenzó más temprano.

Cardozo señaló además que una de las alternativas para tratar de reducir el narcotráfico incluye la educación ya no solo a alumnos de las instituciones educativas, sino también a padres y profesores para que puedan identificar el momento en que las drogas ingresan a los hogares. Entre las debilidades actuales de la Policía Nacional, Cardozo refirió que pasa por la política comunicacional. Además, indicó que una de las tareas es profesionalizar las fuerzas públicas del orden. Otra de las soluciones pasa por el control interno, para evitar que permee la corrupción.

Por su parte, Luis Fretes manifestó que una de las alternativas para disminuir la delincuencia común es destinar mayor inversión a unidades como el Grupo Lince. Asimismo, dijo que debe una política para recuperar a las personas adictas, lamentando que solo existan 50 camas en todo el país para atender a personas adictas. Agregó que la impunidad es un elemento central para que aumente la inseguridad y el narcotráfico. «Mientras el Estado esté ausente y haya impunidad, la lectura que hace el que comete un delito es que es un negocio redondo casi en un 98 por ciento», apuntó.

Puso como ejemplo los casos de éxito a nivel internacional de reducción de la delincuencia que incluyeron el trabajo en métrica, despidiendo al 30 por ciento de las cabezas policiales corruptas y premiando económicamente a lugares que reducían los delitos.