El habeas corpus es uno de los institutos más importantes y preciados de una sociedad libre, creado para proteger al ciudadano de los abusos del poder público. Sin embargo, aquí en el Paraguay se lo usa para proteger a delincuentes. Dice el artículo 133 de la Constitución Nacional que esta garantía podrá ser interpuesta por “toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física”, por la que se “podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones”.

El habeas corpus es un remedio indudable para acosos policiales y otras formas de abuso del poder público, pero para serlo debe producir una orden de cesación de actividades remitida a la Comandancia de la Policía, cosa que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni en el caso de Lindomar ni en el caso de su pareja.

Pero, además, el remedio a la extorsión no es el hábeas corpus, sino la denuncia penal ante el Ministerio Público. Tomado conocimiento fehaciente de la comisión de un hecho punible, los funcionarios públicos están obligados a denunciarlo. No está a su discreción no hacerlo. Un juez está obligado a conocer la ley, las medidas legales, sus alcances, sus límites, sus marcos de aplicación y no puede remediar la comisión de delitos con el uso particularizado de garantías constitucionales.

No se puede aceptar que un magistrado pretexte vaguedad alguna en la aplicación de la Constitución y las leyes, pues se les paga por conocerlas al dedillo, para aplicarlas con precisión y se supone que fueron elegidos por su profunda versación en las mismas, indicaron abogados consultados sobre el tema. Por tal motivo, los órganos de control como el JEM y la Superintendencia de la CSJ deben investigar de forma urgente a estos dos magistrados y auditar todos los demás juzgados de CDE, indagando sobre las condiciones de la expedición de habeas corpus preventivos.

PROTECTORA DE BANDIDOS Y CON PODEROSOS ALIADOS

Cabe señalar que la jueza Garcete es considerada muy cercana al senador Fernando Silva Facetti (PLRA) y a Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistrados. Ambos integran el Jurado de Magistrados y serían los protectores de la actual aspirante a camarista. En agosto pasado, Facetti y Bogarín con sus votos salvaron a la jueza Garcete de un enjuiciamiento, en una denuncia por supuesta mala actuación al liberar a cinco policías reconocidos como supuestos autores de robo de US$ 100.000.

Garcete igualmente tiene un largo historial de resoluciones favorables a políticos procesados desde casos de corrupción hasta por abuso infantil. La jueza había concedido la libertad ambulatoria al senador Javier Zacarías (ANR) en un proceso por supuesta lesión de confianza en la Municipalidad esteña, pese a que la Fiscalía requería la prisión preventiva.

En el mismo caso Garcete posteriormente sobreseyó a Zacarías y a su esposa Sandra McLeod, ex intendente de Ciudad del Este, y el desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales quedó impune.

Asimismo, la magistrada se había opuesto a la realización de una prueba de ADN en un caso de abuso infantil y en que aparecía como sospechoso el seccionalero Elías Bernal. La jueza de igual forma benefició al exdiputado Carlos Portillo (PLRA) en un proceso por supuesto tráfico de influencias. Primero dejó sin puntos de pericia a la Fiscalía para la revisión de los celulares y luego excluyó pruebas claves para el juicio oral. No obstante, pese a todo esto y mucho más, la misma sigue en el cargo e incluso aspira al rekutú o entonces un lugar en el Tribunal de Alzada, de la mano de sus “amigos”.