A través de un posteo en su cuenta de Facebook, el viceministro Julio Rolón “festejó” que Salud Pública haya recuperado el 100% de lo que se había dado como anticipo a las empresas Imedic y Eurotec, integrantes del clan Ferreira, monto que asciende a 17 mil millones de guaraníes, y también la multa por el incumplimiento del contrato por valor de 8 mil millones de guaraníes, tras la fallida compra de insumos médicos para el combate de la pandemia.

La autoridad sanitaria recordó que “muchos utilizaron la fallida compra para acusar, desacreditar, mentir, inventar, agredir, ofender, alentar a la rebeldía sanitaria, etc etc. Sirvió para que algunos politiquillos tengan su minuto de fama o pronuncien discursos grandilocuentes”.

Sin embargo, el viceministro de Salud Pública evitó mencionar que fueron los funcionarios de esa institución los encargados de hacer una llamativa contratación a dichas empresas. La adjudicación estuvo plagada de irregularidades y el caso quedó en evidencias solo al publicarse en los medios de prensa.

Una de las legisladoras que tomó intervención en esta compra fue la diputada Kattya González, quien en entrevista con la radio 650 AM cuestionó la actitud de Rolón.

“Estuvo leyendo el posteo del viceministro Julio Rolón y no se puede ser más desubicado. Parece que no entiende que el rol sanitario está lejos de las políticas de seccionales. El hecho que se haya recuperado el dinero pagado era lo menos que se podía hacer. El daño patrimonial no se circunscribe solamente a ese anticipo. Nosotros vamos a seguir controlándolos. Estas críticas nos fortalecen”, lanzó.

González mencionó que ahora hay que redoblar esfuerzos porque el Gobierno “ya no nos cuidó en su momento con las compras irregulares realizadas y está visto que no nos va a cuidar. Me indigna como paraguaya que nuestras autoridades sean tan pacatas”.

LA GRAN ESTAFA

Las empresas de Justo Ferreira son investigadas por varios delitos por el caso de las fallidas compras de insumos chinos.

El fiscal Legal imputó a Justo Ferreira, su hija Patricia, el despachante de Aduanas Carlos Gamarra, la agente de Transporte Lauri Pohl, el administrador de Aduanas Guillermo Molinas y los señores Gustavo Acosta y Mario Olmedo por contrabando, aunque cuenta con los elementos para hacerlo también por tentativa de estafa, perjuicio al Estado y falsificación de marcas.

Esto fue tras la denuncia presentada por el Ministerio de Salud, en base al informe de la Comisión Especial de Supervisión de Compras que detectó unas alevosas alteraciones realizadas a las características consignadas en los envoltorios y cajas de las mascarillas entre su depósito en el Aeropuerto Silvio Pettirossi y su verificación en el Parque Sanitario del ministerio.