En sus redes sociales hizo notar que tomó su castigo como unas vacaciones, pero sin dejar de opinar sobre los hechos relevantes, incluso manifestó su deseo de ser candidata para el 2023.

Su caso motivó que el diputado colorado cartista Basilio Núñez encabezara un debate sobre narcopolítica, pese a que fue él mismo quien impulsó su castigo. “Sin ruborizarse, Bachi decía que hay plata del narcotráfico en todos los estamentos del Estado”, criticó la diputada.

Amarilla fue sancionada por decir que la mayoría de los legisladores ingresaron al Congreso con dinero sucio, lo que molestó a las bancadas coloradas y a algunos liberales, que votaron por su sanción. Fue reemplazada por su suplente, el concejal liberal de Asunción Augusto Wagner.

Esto causó indignación entre referentes políticos y la ciudadanía, que calificó el hecho como una censura a la libertad de expresión y a los fueros parlamentarios para opinar. “La Cámara debe dar un giro hacia la tolerancia y el respeto irrestricto a las leyes, normas y la Constitución Nacional”, afirmó.

La diputada presentó además en octubre pasado una acción de inconstitucionalidad contra su sanción. La Corte le dio trámite y corrió traslado a la Fiscalía.

DEMANDA. Amarilla anunció una demanda contra el titular de la UIP, Gustavo Volpe, por haber dicho que amañaba licitaciones en Central y que vendió suero saborizado como merienda escolar. La diputada indicó que es una mentira y que obran en el INAN los registros de la leche para comprobarlo. “La única forma que tengo de defenderme es la Justicia. No puedo permitir que todo el que no me tolera me acuse de negociados y de vender productos de mala calidad e instalen una imagen de mí que lejos está de la realidad. Esto es con el fin de descalificar mis denuncias”, sentenció.