Los miembros de la sala penal de la Corte Suprema, César Diesel, Antonio Fretes y César Garay, tomaron la decisión fue por unanimidad, es decir, declararon inadmisible lo planteado por los fiscales en la causa 13/2019 caratulada “Sandra María McLeod de Zacarías y otros s/Lesión de confianza”.

El recurso que los fiscales presentaron fue el pedido de anulación de la resolución del Tribunal de Apelaciones, integrado por Miryan Meza, Perfecto Orrego y Juliana Giménez, por la cual se confirmaba una sentencia de la jueza Cinthia Garcete Urunaga, consistente en el sobreseimiento definitivo de la familia y otros encausados en el supuesto desvío de   G. 3.700 millones de las arcas municipales en el período 2014-2018 en concepto de publicidad.

Cabe recordar que la jueza Garcete había sobreseído a la pareja al sostener que el Tribunal de Cuentas ya había juzgado y aprobado los balances de la exintendente en ese periodo.

EL CASO

Zacarías Irún está investigado por ser supuesto instigador de un esquema de saqueo de recursos públicos de la Municipalidad, durante la gestión de su esposa. Unos G. 3.700 millones fueron desviados de los rubros de publicidad para financiar campañas en las elecciones de 2015 y 2017. Supuestamente, el dinero también fue usado para pago a periodistas afines y para un programa de televisión del hijo del senador.

BENEFICIO

Lo decidido por la Corte también beneficia a los imputados Alberto Rodríguez, exintendente; David Espínola, exdirector municipal de finanzas, y Juan Sanabria, exjefe de prensa. Además, al comunicador Carlos Bordón Bottino, propietario de la firma Frontera Producción, y los hermanos Gustavo Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Lucía Rojas Espínola, quienes manejaban empresas de maletín.