Los abogados Pascual Ocampos Alonzo y Derlis Guzmán Flores Mendoza, en representación del señor Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, presentaron un recurso de apelación en subsidio contra el A.I. N° 289 de fecha16 de octubre de 2024, dictado por el Juez Penal de Garantías Humberto Otazú, mediante el cual resolvió no hacer lugar a un recurso de reposición planteado por la defensa.

Los Camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y José Waldir Servin, resolvieron declarar inadmisible el recurso de la defensa debido a que la apelación en subsidio solo está prevista para recurrir las providencias de mero trámite y, en ese sentido, los medios de impugnación de las resoluciones judiciales se hallan expresamente regulados, disponiendo, en particular, sobre las que son cuestionables por Apelación General. – Art. 461 del Código Procesal Penal (CPP).

Según la acusación del Ministerio Público, entre los meses de enero y diciembre del año 2021, Gustavo Rodríguez en su calidad de ordenador de gastos y administrador general de la comuna y el señor Vicente Darío Báez Benítez, en su carácter de Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú emitieron cheques al portador por un valor de Gs. 268.455.000 sin respaldo documental. Dichos cheques fueron endosados y cobrados por Norma Elizabeth Carmona Benítez, Luis Miguel Vera Ocampos y Hugo Alejandro Mena, funcionarios de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Los acusados en esta causa son Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, Vicente Darío Báez Benítez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi Schweighart, Diego Armando Espínola Olmedo, Gisselle Nohemí Irala Cáceres, Pedro Antonio Morel Arévalos y Fátima María Pereira Ocampo. 

Todas estas personas se encuentran procesadas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza debido a un presunto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Gs. 18.000.000.000. La intervención a la gestión de Rodríguez inició en el año 2022, tras una denuncia realizada por siete concejales acerca de obras inconclusas en estado de abandono. En aquel momento, la Contraloría General de la República (CGR) encontró un faltante de Gs. 2.000.000.000 en la administración municipal.

Además de ello, en el año 2021 no depositó en las cuentas bancarias una recaudación de más de Gs. 600.000.000. Ante esto, Gustavo Rodríguez asegura poseer toda la documentación respaldatoria y la presentará ante el Ministerio Público. Recordemos que Rodríguez había manifestado que la denuncia en contra de su gestión es una persecución política que busca derrocar su mandato para posicionar a la oposición.