La defensa de López cuestionó la fijación, alegando que el juzgado faltó a los principios rectores del sistema penal al no resolver en una sola audiencia todos los pedidos presentados por la Fiscalía, en referencia a la acusación presentada y también al pedido de sobreseimiento provisional respecto a Karina Acosta.

Sin embargo, el juzgado mantuvo su decisión de realizar dos audiencias distintas, una para estudiar la acusación y la otra para resolver el pedido de sobreseimiento. Otazú señaló que no se vulneró ningún principio y que la responsabilidad penal es individual.

Respecto al proceso, la acusación detalla que los acusados realizaron 610 operaciones irregulares por un total de G. 1.774.042.269, entre el 18 de octubre de 2022 y el 24 de febrero de 2024, utilizando la tarjeta de crédito que estaba en poder de López.

Dichas acciones se concretaron, además, mediante las facultades de mando que la mujer ejercía a través de su usuario como funcionaria de Finlatina S.A., lo que le permitió realizar acreditaciones indebidas. En principio, la tarjeta solo contaba con una disponibilidad de crédito de G. 1.000.000.

Asimismo, se agrega que realizaron 54 operaciones fraudulentas por G. 1.212.400.000, las cuales fueron disimuladas como cobros por ventas y/o servicios, supuestamente relacionados con las actividades comerciales desarrolladas por Parra.