Una medida cautelar dictada por el juez Marcos Giménez Rivas impide a los periodistas de Curuguaty, César Candia y Alberto Nuñez, informar sobre el proceso por presunto abigeato que involucra al concejal municipal de Yasy Cañy, Julio Vera. La decisión generó una denuncia pública de censura por parte del abogado Ezequiel Santagada, quien asumió la defensa de los comunicadores junto a otros colegas.

El magistrado ordenó que los periodistas se abstengan de publicar información relacionada al caso, pese a que los hechos divulgados corresponden a documentos oficiales y forman parte de un expediente judicial en curso. La medida judicial fue calificada como infundada y violatoria de derechos fundamentales, según los abogados defensores.

Santagada cuestionó la ausencia de argumentación legal en la resolución, señalando que el escrito presentado por el demandante se basa únicamente en una supuesta afectación al honor. Agregó que no se desarrolla ninguna figura jurídica como la de real malicia, aplicable en contextos donde se difunden mentiras deliberadas, lo cual no ocurre en este caso.

Además de la censura, el abogado criticó la convocatoria a una audiencia para un sábado, fijada solo 48 horas después de emitida la medida. Afirmó que se vulneraron los plazos procesales, ya que el Código establece un mínimo de tres días para que los acusados preparen su defensa.

La defensa advirtió que se violaron los artículos 26, 16 y 17 de la Constitución Nacional, relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la defensa y las garantías procesales. Se trata, según explicaron, de un uso arbitrario del aparato judicial para restringir la actividad informativa.

Este caso se suma a otros antecedentes recientes que generaron preocupación en el ámbito periodístico, como el de Christian Chena contra Gisele Mousques, donde se denunció una medida de censura previa disfrazada de protección judicial. Organizaciones civiles presentaron un amicus curiae a la Corte en defensa de la libertad de expresión.

También se recuerda el caso de la periodista Mabel Portillo, quien fue demandada por informar sobre presuntos hechos de corrupción en Guairá. El proceso generó reacciones locales e internacionales debido a su impacto en la libertad de prensa.

Diversos gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el aumento de decisiones judiciales que buscan silenciar a comunicadores. Alertan sobre una tendencia que pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.

En este contexto, los defensores de los periodistas anunciaron que presentarán recursos legales para revertir la medida. Advirtieron que insistirán en los mecanismos constitucionales e internacionales para garantizar el libre ejercicio del periodismo en Paraguay.

Fuente: ABC Color