La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) publicó un video en su cuenta de Twitter el viernes sobre el caso de los efectivos denunciados por supuesta tortura a pobladores del barrio San Miguel de Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná.

Mencionó que el jueves pasado se cumplió un año del hecho y cuestionó a la Fiscalía que no haya avanzado al respecto.

El 15 de julio del año pasado ocurrió un tiroteo entre el personal de la Prefectura Naval del Este y delincuentes en el río Paraná en el que quedó gravemente herido en la cabeza un militar identificado como Marcos Agüero, de 22 años, lo que más tarde ocasionó su muerte.

Tras la refriega, los militares, bajo el mando del capitán de navío Walter Díaz, irrumpieron en el vecindario y procedieron a allanar viviendas y aprehender a 35 personas a fin de determinar si tuvieron participación en el enfrentamiento. Vecinos denunciaron que en el procedimiento hubo torturas, robos y destrucción de enseres.

La Codehupy señala en el audiovisual que los marinos no pueden actuar a más de 150 metros de la costa del río y solamente pueden hacerlo en caso de flagrancia de hechos punibles. "Sin embargo, sin orden judicial invadieron casas y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas a más de un kilómetro de la playa", indicó.

"Se ensañaron más con los varones a quienes torturaron mientras los interrogaban. Preguntaban quién disparó contra Marcos Agüero que murió en una balacera en el seno del río Paraná", sigue el video.

La organización de los derechos humanos cuestionó que la Fiscalía no cuente con la lista de los intervinientes en ese operativo hasta este momento ni haya tomado declaración indagatoria a las personas que estaban al mando.

El capitán Walter Díaz fue destituido del cargo y en la Armada Nacional se inició un sumario administrativo para investigar las denuncias de los vecinos, que exhibieron rastros de golpes en sus espaldas y otras partes del cuerpo, efectuados supuestamente por los militares.

El Ministerio Público, por su parte, abrió una carpeta de investigación tras la denuncia contra los marinos respecto a supuestos abusos y torturas contra los aprehendidos.

Inicialmente, el caso había sido investigado por el fiscal Édgar Torales como un hecho de tentativa de homicidio, violación a la ley de armas y violación de la cuarentena sanitaria ante la pandemia del Covid-19 tras la comunicación de la Comisaría jurisdiccional.