Se consulta, entre otras cosas, la cantidad de personas privadas de libertad en cada uno de estos establecimientos, con categorías legales (preventivas, condenas), incluyendo ubicación y capacidad máxima de cada recinto.

A su vez, se pide copia del expediente completo del proceso de licitación pública realizado para la adquisición de los uniformes destinados a las personas privadas de libertad; puntualmente, en los casos del centro penitenciario de Minga Guazú y la unidad penitenciaria “Martín Mendoza” de Emboscada.

La legisladora requiere los pliegos de bases y condiciones; actas de evaluación; resoluciones de adjudicación; contratos firmados con las empresas proveedoras; y otros documentos que estén relacionados.

Se consulta igualmente, cuáles fueron los criterios técnicos, operativos, financieros y estratégicos fundamentados por el Ministerio de Justicia para priorizar la implementación de los uniformes en las penitenciarías citadas. Además, si está contemplado extender esta medida a otros centros penitenciarios y pide indicar los establecimientos priorizados; el cronograma de implementación; los recursos presupuestarios asignados; y los plazos de ejecución.

Se solicita copia del convenio entre el Ministerio de Justicia e Itaipú Binacional, con referencia al proyecto: “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana”; incluyendo cláusulas de responsabilidad; plazos; y los montos comprometidos.

Igualmente, habrá que remitir informes acerca de programas; rutinas; y planes de trabajo que serán implementados o estén previstos para las personas privadas de libertad, clasificados por color de uniformes; entre otros.

Por último, la diputada Ortega solicita la remisión de datos generales; antecedentes académicos; informes sobre capacitaciones; antecedentes de ingreso y/o designación en el cargo; entre otros, del nombrado director del centro penitenciario de Emboscada. Ahora, el plazo para responder este requerimiento es de 15 días.