El presidente de la República, Santiago Peña, rendirá su informe anual ante el Congreso Nacional este 1 de julio, replicando previamente el discurso ante la cúpula del Partido Colorado liderada por Horacio Cartes. En su mensaje, se anticipa que buscará instalar la narrativa de que el país atraviesa una etapa de recuperación. Sin embargo, diversos indicadores sociales y económicos revelan un panorama distinto.

En materia de salud pública, persisten graves deficiencias en infraestructura hospitalaria, acceso a medicamentos y personal capacitado, especialmente en zonas rurales. En educación, los resultados de aprendizaje continúan siendo bajos, con escuelas en mal estado y docentes que reclaman mejoras laborales. La inseguridad también va en aumento, con mayor presencia de grupos delictivos y escasa respuesta estatal en territorios vulnerables.

Durante el primer año de gestión, el Ejecutivo mostró escaso interés en el fortalecimiento del transporte público, uno de los sectores más postergados en la agenda nacional. En contraste, se impulsaron licitaciones millonarias y leyes con beneficios dirigidos a sectores vinculados al entorno político del oficialismo, generando críticas de organismos civiles y opositores.

La administración de Peña se ha visto acompañada de cuestionamientos constitucionales y debilitamiento institucional. La propuesta de la Superintendencia de Jubilaciones y reformas al Código Electoral fueron señaladas como intentos de control político, incluso denunciados ante instancias internacionales. Estas acciones fueron impulsadas con el respaldo del movimiento Honor Colorado.

Los negocios privados vinculados al mandatario también fueron objeto de atención pública. En octubre de 2024 se reveló que fondos jubilatorios del IPS fueron transferidos a un banco con nexos anteriores con el presidente. Además, en abril de 2025 se concretó la venta de acciones de ueno Holding, tras cuestionamientos por contratos públicos adjudicados a sus socios.

Por último, la promulgación acelerada de la ley sobre el Sistema Nacional de Pagos volvió a encender críticas sobre beneficios direccionados a grupos empresariales afines. El discurso presidencial apunta a mostrar un país en avance, pero los hechos indican que las prioridades del gobierno están alejadas de las urgencias de la mayoría de la ciudadanía.

Fuente: ABC Color