En el texto, el profesional asegura que la inbhición de los altos magistrados obedece a la intención de no ejercer el control de la Constitucionalidad, Convencionalidad y Legalidad, consintiendo con la violación de “Garantías” previstas en la Constitución Nacional, el Derecho Internacional Vigente y el Código Procesal Penal, so-pretexto de tratarse de hecho punible grave.

El mismo se refiere a la providencia del 18 de diciembre del 2023, que dice; “Vista la inhibición de la Ministra Dra. Maria Carolina Llanes, de conformidad al proceso de integración previsto en el Art. 421 del CPC, y a la Acordada N° 1323 de fecha 23 de julio de 2019, intégrese con el Ministro Dr. Víctor Ríos, a fin de que el mismo acepte o no entender en la presente causa”, ante la inhibición de la Ministra Dra. Maria Carolina Llanes se integró la Sala Penal con el Ministro Dr. Víctor Ríos, quién en fecha 18 de marzo del 2024 (3 meses después), devuelve el “CUADERNILLO CON PROVIDENCIA DE INHIBICION I2 F75/1372 14/03/24”, excusándose para entender en la presente causa.—–

En el texto también dirige cuestionamientos hacia el juez de Garantías, Gustavo Amarilla, señalando que no cumple con el principio de Juez Natural en dicha causa.

 “El Juez a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado del Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a sabiendas que los supuestos hechos punibles atribuidos a mi defendido no caen bajo su competencia, porque son anteriores a las disposiciones legales citadas anteriormente, antes que derivar la causa al juez de garantías del fuero ordinario que corresponda, prevaricando y demostrando parcialidad manifiesta a favor del Ministerio Público en perjuicio de la defensa técnica, admitió la imputación y decretó auto de prisión preventiva en contra del abogado Alfredo Duarte Montiel, remitiéndolo a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, sin haber tenido competencia para ello.”

Para Duarte el Juzgado Penal de Garantías Especializado del Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital y el Tribunal de Apelación Especializado del Crimen Organizado Segunda Sala de la Capital interviniente en la presente causa, no fueron establecidos o instituidos con anterioridad al hecho como manda la ley, con su actuación se ha violado garantías previstas en la Constitución Nacional, el Derecho Internacional Vigente y el Código Procesal Penal.

Exige además el Control de la Constitucionalidad, Convencionalidad y la legalidad, que a su criterio, los jueces y tribunales deberían realizar “DE OFICIO”, más aún la Corte Suprema de Justicia, por violación de derechos básicos fundamentales de un ciudadano y que afecta la dignidad humana.

“De conformidad al Art. 170 del Código Procesal Penal, solicito a la Corte que se haga efectivo el Control de la Constitucionalidad, Convencionalidad y la legalidad, en consecuencia, de conformidad al Art. 166 del Código Procesal Penal, declarar indefectiblemente la Nulidad Absoluta del acta de imputación admitida y el auto de prisión preventiva decretada en contra de mi parte”, expresa.

El Observador