Ayer nuevamente funcionarios de la ANDE realizaron un procedimiento en el barrio San José de CDE, en una vivienda en donde confirmaron la existencia de una conexión irregular en baja tensión con derivación antes del medidor, donde se dedicaban a la producción de monedas digitales en pequeña escala. Al verificar y confirmar el delito de sustracción de energía eléctrica, los técnicos del ente procedieron a regularizar el suministro y cortar la derivación, incluyendo una multa por el delito según lo establecido en la Ley 966 y los gastos asociados a la intervención.

Sin embargo, mientras se persigue de forma implacable a los “pequeños”, enormes granjas mineradoras que presuntamente roban energía en cantidades considerables pasan inadvertidas. Tal es el caso de una gigantesca granja minadora de criptomonedas que se ha establecido a pocos metros de la Subestación Santa Rita, ubicada en el barrio Europarque fracción Ramos III. En tanto, los residentes de Santa Rita, conocida como “la capital del progreso del Paraguay”, padecen cortes de energía diarios debido a la inestabilidad en el suministro.

Según estimaciones, la granja consume al menos 6 Megavoltamperios (MVA), lo que debería resultar en un ingreso sustancial por concepto de energía eléctrica (se estima entre 150 y 180 mil dólares mensuales). Sin embargo, hasta la fecha, la ANDE no ha emitido ninguna factura a los responsables de esta empresa, quienes se presumen serían empresarios brasileños y paraguayos con antecedentes dudosos.

PRESIDENTE Y JEFES REGIONALES CÓMPLICES

Fuentes internas de la ANDE confirmaron que el ente registra mensualmente millonarias pérdidas a raíz del descomunal robo de energía eléctrica, de parte de las granjas mineradoras de criptomonedas que pululan en el décimo departamento. Los jefes regionales tendrían pleno conocimiento de la situación, sin embargo no actúan por complicidad, indicaron nuestros informantes, que merecen credibilidad.

Actualmente el Ing. Juan Rozzano es la máxima autoridad de la ANDE a nivel regional. Otros jefes regionales son el Ing. Valerio Rojas, jefe de Distribución y el Ing. Domiciano Silguero, jefe regional de Pérdidas, este último sindicado como el principal responsable de la permisividad estatal con las granjas mineradoras. No obstante, se cree que incluso el presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa, estaría metido en el “esquema”.

Si bien la ANDE, conjuntamente con la Fiscalía, esporádicamente realiza operativos, allanando algunas granjas de minería de monedas virtuales, se calcula que unos 40 locales de este tipo operan y están en plena actividad en el décimo departamento. “En muchos estas mineradoras casos pagan montos ínfimos, entre 20 a 30 millones, pero en realidad el consumo supera los 200 a 300 millones de guaraníes al mes”, confidenció un funcionario de la ANDE.

Los principales explotadores del “negocio” de explotación de criptomonedas son empresarios, en su mayoría extranjeros, de oscuros antecedentes y metidos en el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Informes de inteligencia apuntan que la minería de bitcoins es uno de los negocios preferidos de los lavadores, ya que el blanqueo de capitales se hace en dólares, moneda en la que se concretan los negocios de los bitcoins, según comentaron expertos a nuestro medio.

FISCALES INOPERANTE

Supuestamente, los responsables de estos establecimientos se exponen a hasta tres años de pena privativa de libertad, de conformidad a lo dispuesto en el Art 173 del CPP relacionada a la “Sustracción de Energía Eléctrica”, sin embargo, hasta el momento no hay condenados, principalmente gracias a la actuación negligente de los agentes fiscales designados, como en este caso Alcides Giménez y Julio Paredes, nombrados en Alto Paraná para perseguir y castigar el robo de energía.

En otros departamentos, en las intervenciones que se realizan contra granjas mineras de bitcoins, al menos se decomisan los equipos usados para la minería por orden fiscal, cosa que no sucede en Alto Paraná. Mucho menos, hay imputaciones a los responsables, quienes pagarían importantes sumas para garantizar su impunidad.