La defensa del acusado, ejercida por el Abg. Álvaro Arias, presentó un incidente de nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo, alegando que la Fiscalía no pudo describir la relación fáctica y precisa de los hechos atribuidos al acusado. 

La acusación sostiene que el 6 de octubre del año 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para simular que presentó en tiempo y forma una apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.

En contacto con El Observador, Arias explicó que la acusación formulada por el fiscal Leonardi Guerrero no demuestra la existencia de dolo en la utilización de dicho documento, por lo que corresponde la extinción de la causa y consecuentemente el sobreseimiento definitivo. 

La Fiscalía, a su momento, se opuso al incidente y el Tribunal, presidido por Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz, resolvió rechazarlo, argumentando que el debate en el juicio versará sobre ese asunto. 

“A Enrique García se le atribuye el uso de un documento no auténtico y eso no va a poder demostrar la Fiscalía”, aseveró el defensor. 

El juicio proseguirá este viernes 30 de marzo, a las 13:00. 

Antecedentes 

La acusación fiscal señala que el 6 de octubre del año 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.

El enton­ces funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presuntamente el encar­gado de presentar el escrito de apelación.

En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con peri­cias realizadas a los funcio­narios de dicha dependencia judicial, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibo fue falsificada.

La empresa Ivesur fue representada por los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y exministro del Interior del actual gobierno, y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.

Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.

La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.