La Abg. Vivian Techeira recurrió la resolución argumentando que “el A quo en ningún momento ha mencionado o analizado sobre las cuestiones puntuales mencionadas en el A.IN° 1499 del 12 de setiembre de 2023, que ordenó la prisión preventiva, es más, no menciona cuáles son los hechos nuevos que se tuvo en consideración para el otorgamiento del arresto domiciliario al procesado, más bien el juzgador realiza doble función de juez e investigador, pasando a valorar cuestiones que no competen a una audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, haciendo un mero cuestionamiento o valoración de pruebas que no corresponde a esta etapa procesal y que no compete a su función jurisdiccional”

Agrega que el juez Juan Francisco Recalde “responsabiliza a la madre del hecho ocurrido mencionando que existió un tipo de violación del deber de cuidado de la misma, lo cual hace más todavía que la resolución emitida por el juzgador sea arbitraria y tomada de los pelos justificando por último que la edad del procesado le favorece para otorgar la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva”. 

Advierte que dicha resolución ”deja como jurisprudencia que todos los abusadores sexuales pueden quedar libre, y que la justicia es selectiva y no igualitaria para todos”.

Al analizar los agravios y la resolución recurrida el juez Guillermo Zillich, preopinante refirió que “no se observa ninguna vulneración a la garantía constitucional del derecho a la defensa, o la violación a las reglas del debido proceso” y que “los presupuestos establecidos para el otorgamiento del arresto domiciliario no se han desvanecido, así pues, que no corresponde su sustitución por otra medida”, votando por confirmar la resolución recurrida, voto al cual se adhirió la magistrada Nidia Fernández.

La jueza María Lourdes Cardozo, por su parte, votó por la inadmisibilidad del recurso. 

Según la imputación, la noche del 1 de setiembre, Gustavo González Salomón abusó sexualmente de una niña de 13 años, hecho por el cual está siendo investigado.