El 5 de marzo de este año fue presentado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que proponía destinar G. 304 mil millones al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) para la compra de medicamentos. La propuesta fue promovida por legisladores del movimiento Honor Colorado, entre ellos Antonio Barrios y Gustavo Leite, con la promesa de cubrir la totalidad de las necesidades del principal centro oncológico del país.

La iniciativa fue girada únicamente a las comisiones de Hacienda y Cuentas, evitando el tratamiento en la comisión de Salud, donde predomina la oposición. A pesar de contar con dictámenes favorables con modificaciones, el proyecto fue pospuesto en dos ocasiones y finalmente excluido del orden del día.

Durante una sesión, el senador Barrios manifestó que el pedido de postergar el estudio del proyecto provino del propio presidente Santiago Peña. Posteriormente, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, reconoció que no existía consenso y que el Ejecutivo propuso utilizar saldos presupuestarios de otras instituciones para cubrir los fondos solicitados, sin afectar los gastos superfluos.

Este planteamiento reveló una intención de proteger ciertas partidas no prioritarias del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, en lugar de redireccionarlas a un sector crítico como la atención oncológica. Según el mismo proyecto, los gastos superfluos superarían los G. 2 billones el próximo año.

Tras el rechazo implícito del Ejecutivo, el presidente del Senado, Basilio Núñez, convocó a la directora del INCAN, Jabibi Noguera. Durante la reunión, Núñez alegó que la institución no había ejecutado ni la mitad de su presupuesto actual, insinuando que no se necesitaban recursos adicionales.

Desde entonces, el tema no volvió a instalarse en la agenda parlamentaria, a pesar del compromiso inicial de varios legisladores oficialistas. La falta de avances concretos deja en suspenso una necesidad urgente de cientos de pacientes.

El proyecto legislativo propuso destinar el 15% de los gastos considerados superfluos al INCAN. Sin embargo, ese redireccionamiento no se concretó. A pesar de que el PGN 2025 contempla un aumento de G. 1,5 billones en ese tipo de partidas, la propuesta quedó sin tratamiento durante el primer semestre.

La demora afecta directamente a personas con diagnósticos oncológicos que requieren tratamientos continuos y costosos. La situación también evidencia un patrón recurrente de promesas incumplidas y prioridades presupuestarias enfocadas en el aparato administrativo, más que en servicios esenciales de salud.

La estrategia del Ejecutivo y del bloque cartista consistió en instalar la narrativa de que el INCAN no requería un aumento de fondos. Esta postura fue cuestionada por sectores médicos y sociales que sostienen que la falta de medicamentos e insumos es un problema persistente.

Fuente: ABC Color