La agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, encabezó una serie de allanamientos en locales en donde se explotan máquinas tragamonedas sin licencia, con acompañamiento de agentes de Contra Delitos Económicos y representantes de la empresa iCrop S.A., firma autorizada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), a catastrar y regularizar el funcionamiento de estos artefactos.

Los operativos se realizaron en los barrios Santa Ana y km 7, barrio Ciudad Nueva, en locales muy cercanos a instituciones educativas, lo cual también está prohibido, debido a que el uso de estas máquinas es exclusivo para adultos. En varios casos, los dueños de las casas comerciales ya habían sacado las máquinas de vista, presuntamente “avisados” por algún informante. No obstante, responsables de la empresa iCrop indicaron que estos operativos seguirán todas las veces que sea necesario, a fin de que las personas que tienen tragamonedas regularicen su situación legal.

Hay que recordar que la empresa iCrop S.A. es la única facultada y habilitada vía contrato por la CONAJZAr, conforme a la ley 1016/97, resolución 34, para realizar el censo y catastro de las máquinas tragamonedas. Luego del catastro, los propietarios de los equipos deben efectuar el pago a la empresa, cuyo servicio es contratado para el efecto, del cual el dinero va a parar al arca del Estado.

La imputación fiscal se da luego de los trabajos de verificación que se realizan en el marco de la regularización y reordenamiento de las máquinas tragamonedas; las mismas que operan en la clandestinidad incurren en la ilegalidad, porque todos los locales donde la actividad del juego de azar sea secundaria requiere una habilitación, que es totalmente independiente a la que ofrece el municipio. En junio pasado fueron imputadas 7 personas, justamente por explotación clandestina de máquinas tragamonedas.

Los imputados se exponen a una pena privativa de libertad de cinco años o multa. Desde iCrop instan a las personas que explotan las máquinas tragamonedas a regularizar su situación, refiriendo que no requiere de mucha burocracia la legalización. En muchos casos, los dueños de estos negocios son censados y notificados, pero finalmente optan por no ponerse en regla, para no pagar el impuesto establecido, violando así la ley 1016/97 sobre explotación clandestina de juegos de azar.