Tras rechazar la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa, el tribunal mantiene firme la condena de 11 años por lesión de confianza y otros delitos relacionados con un desvío de fondos que supera los G. 50.000 millones.
El caso, que culminó con la condena en diciembre del año pasado, reveló un esquema organizado de corrupción dentro de la Gobernación de Presidente Hayes, donde Óscar Núñez aprovechó su posición para desviar fondos estatales en provecho propio y de terceros.
El perjuicio económico al Estado paraguayo se estima en G. 52.500 millones, una cifra que ha generado gran consternación.
La situación de Óscar Núñez se complica aún más al ser hermano de Basilio Bachi Núñez, recientemente electo presidente del Congreso Nacional.
Esta conexión familiar pone en relieve las implicaciones políticas de la condena, sugiriendo un escenario más amplio de influencias y responsabilidades dentro del oficialismo.
Durante el juicio, diversos testigos detallaron cómo Óscar Núñez les entregaba cheques, algunos de los cuales estaban vinculados a deudas personales del exgobernador, incluyendo apuestas en carreras de caballos.
Estas declaraciones fueron cruciales para entender la mecánica del desvío y la posterior condena.
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