El 6 de ocubre, la policía de aduanas decomisó más de 1,5 millones de cigarrillos ilícitos en dos operativos simultáneos en el distrito La Victoria, de Lima. Los agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú valoraron la mercancía en 1,8 millones de soles (unos US$500.000), según información de Perú 21.

El decomiso ocurrió en medio de una serie de operativos contra el boyante tráfico de cigarrillos de contrabando en el país suramericano.

Una semana antes, la unidad de investigación criminal de la policía nacional incautó más de 70.000 cigarrillos ilícitos de una tienda local en la provincia de Sullana, en el noroeste del país. La mercancía no tenía documentación que probara su origen, pero las autoridades creen que provenía de Colombia o Paraguay, según informaciones de los medios locales.

Antes de esa redada, a comienzos de septiembre, la policía confiscó alrededor de 36.000 cigarrillos a cinco personas que viajaban en un autobús interprovincial entre Piura y Talara, en el norte del país. Representantes del gobierno declararon a los medios locales que sospechaban que los cigarrillos habían ingresado a Perú desde Bolivia y pasaban por la ciudad de Puno de camino hacia Piura.

Análisis de InSight Crime

El flujo al parecer incesante de cigarrillos de contrabando hacia Perú y los continuados esfuerzos de las autoridades para interceptarlo indican que el coronavirus no ha logrado frenar este mercado ilícito.

De hecho, en los últimos ocho años, el gobierno nacional perdió alrededor de US$5 mil millones de ingresos por el contrabando en el país, especialmente de cigarrillos, según un informe divulgado en 2019 por el comité anticontrabando de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú.

En 2018, la SNI halló que el 43 por ciento de los cigarrillos de contrabando de Perú venían de Paraguay, país que ha sido un proveedor tradicional importante de esos productos, en parte gracias a la corrupción en el gobierno. Los productos ilícitos por lo general ingresan por el puerto de Callao, el más importante del país, sobre la costa Pacífica, pero también se introducen por las regiones limítrofes con Ecuador, Bolivia y Colombia, según la SNI.

En años recientes, el gobierno peruano ha aumentado los gravámenes sobre productos como los cigarrillos y los automotores, que según el gobierno tienen los efectos más adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Cuando se conoció el incremento en 2018, la SNI advirtió que podría llevar a un repunte del contrabando. En la vecina Bolivia, por ejemplo, el impuesto al consumo aplicado a los cigarrillos es 75 por ciento menor que en Perú, lo que constituye un incentivo para los contrabandistas y facilita el comercio ilícito, según datos de Euromonitor citados por la SNI.

Perú no es el único país de Latinoamérica que enfrenta dificultades para contener el auge del contrabando, que es aún más atractivo por sus bajos riesgos y grandes ganancias.

En Argentina, los contrabandistas han recurrido al mercado negro de cigarrillos ante la escasez del producto y las pérdidas de empleos que acarreó la pandemia. Hacia el norte, en Ecuador, las autoridades enfrentan un alza del contrabando por el coronavirus. Entre enero y agosto del presente año, los agentes aduaneros decomisaron cuatro veces la cantidad de productos de contrabando confiscados en el mismo periodo de 2019, según El Comercio.