Durante la entrevista, Martens explicó que esta cifra se basa exclusivamente en casos que han sido denunciados y registrados por medios de comunicación o el Ministerio Público, dejando fuera un posible universo de delitos no reportados. «No estamos hablando de toda la realidad, sino de lo que logra visibilizarse», aclaró.

De acuerdo con los datos recabados entre 2023 y lo que va de 2024, 257 efectivos policiales fueron denunciados por la comisión de al menos 34 tipos penales, siendo la extorsión y el tráfico de drogas los más recurrentes.

Martens también cuestionó duramente la respuesta institucional ante estos hechos, señalando que los mecanismos más frecuentes de “sanción” son los traslados administrativos o la puesta a disposición, sin consecuencias reales.

Incluso recordó que varios policías vinculados a un operativo North en 2019, que derivó en 21 detenciones por vínculos con el narcotraficante Levi Fabricio, hoy están nuevamente en funciones como jefes de dependencias.

El criminólogo denunció además la existencia de una estructura de recaudación interna dentro de la Policía, en la que algunos oficiales son premiados por su capacidad de “juntar” dinero para sus superiores, mientras que otros, por no colaborar con esta lógica, son relegados a funciones irrelevantes sin importar su formación o experiencia.

“La corrupción en la Policía no es accidental, es institucional. Hay una presión permanente para que los agentes recauden, y parte de ese dinero llega a las más altas instancias dentro de la institución», afirmó Martens, dejando abierta la inquietante pregunta sobre hasta dónde escala esa cadena de corrupción.