La denuncia fue realizada en marzo de este año, por Santa Cruz, quien señaló que tras ser elegido como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en febrero del 2022, utilizó sus influencias para beneficiar a sus hijos: César Emilio Diesel Marín y Guillermo Federico Diesel Marín. “César Emilio Diesel Marín cumplía funciones en la Industria Nacional de Cemento y luego de que su padre fuera designado para ejercer altas funciones en el Jurado su hijo también habría sido comisionado a esta misma Institución para ocupar el cargo de Abogado dictaminante, supuestamente de manera coincidente adonde habría ido el padre y luego en ese mismo mes, llamativamente, habría sido ascendido al cargo de Director de la Unidad Operativa de Contrataciones del JEM, cuyo salario ascendería a la suma de G. 24.093.550. 

Prosigue la denuncia que el presidente de la Corte también logró el comisionamiento de su hijo Guillermo Federico Diesel Marín al Tribunal Superior de Justicia Electoral para ocupar un alto cargo directivo cuyo salario ascendería al monto de G 25.608.270, quien en el año 2020 prestaba servicios en el Ministerio Público con un salario de G. 8.474.127. 

Diesel Junghanns habría beneficiado también a su hermano Oscar Diesel, quien tendría vinculaciones con la empresa aseguradora, beneficiaria en las licitaciones públicas de la Corte Suprema de Justicia. Además, como Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, habría participado como actor clave de un esquema perverso de corrupción del departamento referido, y en consecuencia en fecha 1 de marzo de 2022, el Juez Nelson Ojeda habría sido removido del cargo de magistrado por S.D. N. 5 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y posteriormente a propuesta del Ministro César Manuel Diesel Junghans se habría designado al Abg. Amilcar Marecos para cubrir la vacancia generada por la remoción del Abg. Nelson Ojeda, concluye la denuncia.

Las fiscal Zayas durante su investigación recopiló informes de las referidas instituciones que sustentan los cargos y los traslados, sustentados en resoluciones firmadas por responsables de cada dependencia e institución, no encontrando ninguna irregularidad que coincida con los hechos denunciados. 

En su análisis, el magistrado sostiene que la fiscal Zayas ha arbitrado todos los medios necesarios para la obtención de informaciones que ayuden a dilucidar el hecho denunciado y refiere que se encuentran acompañados los presupuestos objetivos (taxativos) por la norma de referencia como fuente expresa, para considerar viable el instituto de la desestimación.