El reajuste salarial anunciado por el Poder Ejecutivo para los trabajadores formales, que asciende a G. 100.739, se encuentra muy por debajo del incremento que percibieron este año el presidente, ministros y parlamentarios. El nuevo salario mínimo legal vigente desde julio será de G. 2.899.048, mientras que el jornal mínimo se ubica en G. 111.502. Este reajuste fue oficializado mediante decreto por el presidente Santiago Peña, en cumplimiento del mecanismo de actualización anual con base en la inflación.

En contrapartida, los principales cargos del Ejecutivo recibieron incrementos significativamente superiores. El propio presidente tuvo un aumento de G. 7.000.000 y actualmente percibe G. 44.908.800 mensuales, sumando sueldo y gastos de representación. La diferencia entre ambos sectores del país —trabajadores y autoridades— pone en evidencia la asimetría en la distribución del ingreso en Paraguay.

El vicepresidente Pedro Alliana también fue beneficiado con un aumento salarial que elevó sus ingresos a G. 39.780.000 al mes. A esto se suma que varios de sus familiares ocupan cargos públicos. Por su parte, los ministros del Ejecutivo reciben G. 26.000.000 como salario base y otros G. 2.851.200 como gastos de representación. En el caso de los viceministros, el ingreso total mensual alcanza los G. 25.592.000.

Esta serie de incrementos se aplicó mientras gran parte de la población enfrenta dificultades económicas, acceso limitado a servicios básicos y un sistema de transporte público deficiente. El contraste en la calidad de vida y los recursos disponibles entre autoridades y trabajadores formales resalta aún más en el contexto actual.

Aumento parlamentario y críticas sociales

Los legisladores también se sumaron al aumento generalizado. Mediante acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, senadores y diputados aprobaron un aumento de G. 6.000.000 para cada parlamentario, llevando sus ingresos mensuales a G. 38.774.840. El argumento principal de los legisladores fue que el salario anterior no les alcanzaba, según manifestaciones recogidas durante sesiones plenarias.

Esta medida se dio a pesar de las reiteradas advertencias de sectores sociales sobre la necesidad de mayor austeridad en el uso de los recursos públicos. La ciudadanía, por su parte, enfrenta reguladas en el transporte, servicios de salud sobrecargados e inseguridad urbana, mientras que los representantes del Estado cuentan con beneficios adicionales como movilidad aérea y recursos logísticos privilegiados.

Organizaciones sociales y gremiales han expresado preocupación por el desequilibrio en la asignación de recursos. Sostienen que el bajo aumento al salario mínimo no cubre las necesidades básicas de una familia promedio, especialmente en un contexto de inflación sostenida. Las diferencias en el trato presupuestario generan una creciente desconfianza en las instituciones.

Los aumentos también se dan en un momento en el que el presidente Santiago Peña presentará su informe anual ante el Congreso.

El debate sobre la equidad en el gasto público y la necesidad de revisar los criterios de asignación presupuestaria continúa siendo una deuda pendiente en la agenda pública. Ante este escenario, diversos sectores sociales insisten en la implementación de medidas más inclusivas y transparentes para la gestión de los recursos del Estado.

Fuente: ABC Color