Un proyecto presentado por el diputado Jorge Brítez, conocido por antivacuna del Covid-19 y por antitapabocas, busca exigir al Gobierno nacional que revele toda la información catalogada como confidencial en los contratos de adquisición de los diferentes inoculantes que se tienen contra el virus.

El proyecto busca modificar la ley “Que modifica parcialmente el art. 4° de la Ley N.º 6727/2021, Que modifica los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley N.º 6707/2021, Que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el Covid-19”, con miras a facultar la suscripción de acuerdos de confidencialidad, solo cuando estos no quebranten la Ley 5282/14 que habla del libre acceso a la información pública.

Según explica el diputado Brítez en la exposición de motivos, un cambio realizado este año a la normativa en cuestión permite al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, reservarse la facultad de restringir información sobre los contratos y acuerdos y determinar qué información puede ser brindada a la ciudadanía, según lo permitan las cláusulas de dichos acuerdos suscritos.

Estas cláusulas, también se extienden a otros organismos y entidades del Estado, así como funcionarios públicos que tengan cualquier tipo de intervención en negociaciones, suscripción, ejecución, control y otra actuación con relación a los contratos.

El legislador sostiene que “esta nueva norma cercena nuestros derechos como ciudadanos de conocer el manejo público con respecto a la obtención de estas vacunas, cuando es indispensable conocer a cabalidad el destino de los mismos, más aún cuando fueron aprobados en pandemia”.