La jueza Silvia Carolina Cáceres Riveros, del Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Cordillera, resolvió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para un docente de 47 años, imputado por el supuesto abuso sexual de una niña de 13 años, hija de su ex pareja sentimental. El hecho ocurrió en Caacupé y fue denunciado por la menor, quien habría sido víctima del imputado en más de una ocasión.

Según la resolución judicial, el docente deberá cumplir arresto domiciliario en la ciudad de San Lorenzo. Entre las condiciones impuestas figuran la prohibición de acercarse a la víctima o a sus familiares, así como la presentación de una fianza personal por valor de G. 40 millones. La magistrada fundamentó su decisión en la presunción de inocencia, la inexistencia de antecedentes penales y el supuesto arraigo familiar del imputado.

De acuerdo con el acta de imputación elaborada por la fiscala Noelia Montanía de Narvaja, el hecho investigado habría ocurrido el 17 de junio de 2025. El docente, en vez de llevar a la niña al colegio como correspondía, supuestamente la condujo a su domicilio, donde se produjo el abuso. La víctima relató que el hombre se valía de promesas para silenciarla y que no era la primera vez que ocurría un hecho similar.

La niña señaló además que fue amenazada para que no denunciara el abuso, bajo el argumento de que nadie le creería debido a la dependencia económica que la familia mantenía con el agresor. Estos elementos fueron incorporados en la investigación fiscal, que continúa en curso y se halla aún en etapa preliminar.

El proceso judicial prosigue con una audiencia prevista para el 23 de julio, donde se definirá la formalización de las condiciones de la fianza impuesta. En dicha instancia, deberán comparecer las dos personas que actuarán como fiadoras del imputado, según lo establecido por el juzgado.

Mientras tanto, el acusado permanecerá bajo arresto domiciliario, medida que ha sido objeto de amplias críticas en la comunidad local. El caso ha generado conmoción, dado que involucra a una víctima menor de edad y a un presunto agresor que mantenía un vínculo de confianza con la familia.

Cuestionamientos a las medidas cautelares

La decisión judicial ha reavivado el debate sobre el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos de delitos sexuales contra menores. Sectores de la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de la niñez, han expresado su preocupación por el riesgo de revictimización y la posible obstrucción del proceso.

En este contexto, se pone en tela de juicio el equilibrio entre las garantías procesales del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas. Especialistas en derecho penal consideran que en delitos de esta naturaleza, la prisión preventiva constituye una herramienta de resguardo mientras se desarrolla la investigación.

Fuente: Última Hora