Desde principios de mayo pasado, en medio de un nuevo agravamiento de la crisis económica venezolana, el régimen de Nicolás Maduro emprendió una operación de persecución, hostigamiento y encarcelamiento contra analistas financieros, economistas y plataformas que difunden datos independientes sobre la inflación, el dólar paralelo, la caída del poder adquisitivo y de los ingresos del país.

La actual escalada represiva comenzó a principios de junio, cuando el fiscal general anunció la detención de más de 50 personas, incluyendo operadores de portales digitales que publicaban tasas referenciales del dólar paralelo, acusados de "venta ilegal de divisas” y señalados por delitos como terrorismo y legitimación de capitales.

El episodio más reciente de esta ofensiva ha sido la detención de al menos ocho economistas durante las últimas semanas por parte de los órganos de seguridad del Estado. Entre los afectados por estas medidas arbitrarias se encuentran académicos, profesores universitarios y consultores como Daniel Cadenas, Gerardo Cacique y Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez.

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reaccionó mediante un comunicado fechado el 16 de junio, en el que afirmó que "medir precios no es delito, es una necesidad”. Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) manifestó, también mediante comunicado, su preocupación por la desaparición forzada de sus miembros Cadenas y Cacique, al tiempo que rechazó "las aprehensiones de reconocidos economistas venezolanos por su ejercicio profesional, sin ningún debido proceso ni justificación alguna”.

¿Por qué el régimen de Maduro criminaliza la labor de estos analistas y divulgadores económicos?

Las dictaduras silencian la verdad y manipulan los datos para blindar su poder

Criminalizar y silenciar datos reales y análisis técnicos independientes es un síntoma típico de muchas dictaduras, en especial de aquellas que enfrentan crisis profundas y prolongadas derivadas de su incapacidad para resolver los problemas básicos de la sociedad.

Los resultados de un revelador estudio titulado "How Much Should We Trust the Dictator's GDP Estimates?” (2018), realizado por Luis R. Martínez de la Universidad de Chicago, estiman que las autocracias más severas del mundo podrían estar inflando de forma sistemática entre un 15% y un 30% las cifras oficiales del crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Además, afirma el estudio que esta manipulación es más pronunciada en años de bajo crecimiento económico o en el año anterior a elecciones.

Cuando un régimen carece de legitimidad de origen —es decir, de apoyo popular expresado en elecciones libres— recurre, como estrategia para mantenerse en el poder, no solo al uso extensivo de la violencia, sino a la manipulación de datos para proyectar estabilidad y persuadir a la población y a la comunidad internacional sobre su supuesta eficacia en el ejercicio del gobierno (legitimidad de ejercicio). Silenciar las fuentes técnicas independientes que permiten evaluar el desempeño gubernamental se convierte entonces en una necesidad imperiosa para mantener intacta la narrativa que sostiene su poder.

Estas nocivas prácticas se manifiestan hoy en día en dictaduras latinoamericanas como la cubana, donde plataformas digitales orientadas a la información económica como ElToque y el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) han sufrido ataques sistemáticos por parte del gobierno cubano, dirigidos a desacreditar su labor, perseguir y amedrentar a sus equipos, restringir su funcionamiento y silenciar sus análisis sobre la economía de la isla.

Medir la economía se convirtió en un delito político en Venezuela

Al igual que en Cuba, en Venezuela la opacidad y la manipulación de los datos económicos oficiales y la criminalización de quienes documentan la realidad económica se han convertido en herramientas estratégicas del régimen chavista para sostener las narrativas ficticias que apuntalan su dominación política.

Con la llegada de Maduro a la presidencia en 2013 se intensificó la política de opacidad gubernamental iniciada durante el gobierno de Chávez. Ese año, el BCV dejó de publicar cifras clave como el índice de remuneración de los trabajadores. En 2016, cuando la inflación comenzó a dispararse, el BCV suspendió la publicación de otros indicadores clave, como el índice de dolarización y el índice de actividad económica. Entre marzo de 2019 y agosto de 2024 el BCV mantuvo en secreto las cifras del PIB. Desde 2016 y hasta mayo de 2019, el BCV ocultó la tasa de inflación. Posteriormente, en octubre de 2024, volvió a suspender su publicación.

Ante la ausencia sistemática de información económica oficial, organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) asumieron la tarea de elaborar informes e índices económicos alternativos que le permitieran a los venezolanos evaluar la verdadera situación económica del país. Estos indicadores como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Indicador Mensual de Actividad Económica y el Indicador de Remuneraciones de los Trabajadores se elaboran siguiendo metodologías reconocidas y a partir de información pública.

Las labores de estas organizaciones y analistas han sido percibidas por el régimen como una amenaza a su narrativa económica, y han sido criminalizadas y etiquetadas por voceros del régimen como Diosdado Cabello, como un "sabotaje económico” que busca desestabilizar la economía venezolana. Esta ha sido la excusa para perseguir, amedrentar o encarcelar a todos aquellas personas vinculadas a estas tareas.

La narrativa económica oficialista vs. la realidad económica venezolana

Venezuela, según la narrativa económica oficial del régimen, habría superado la hiperinflación y acumula 16 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB. Con una inflación anual de 48% en 2024 y un incremento de 9,3% del PIB en el primer trimestre de 2025, los voceros económicos insisten en que el país avanza gracias a la disciplina fiscal, la estabilidad cambiaria y el esfuerzo propio. Para Nicolás Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, los problemas persistentes —déficit, poca inversión, deterioro de servicios y bajos salarios— se explican casi exclusivamente por la "asfixia económica” generada por las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

Sin embargo, este relato de estabilidad y recuperación carece de sustento en la realidad. Economistas como Pedro Palma y José Guerra advierten que la economía venezolana sigue atrapada en un círculo vicioso de bajo crecimiento, inflación persistente y pérdida sostenida de reservas internacionales. Guerra ha declarado que existe suficiente evidencia para afirmar que las sanciones internacionales agravaron la crisis venezolana, pero no la originaron: "la crisis se incubó en 2012 y estalló en 2014”; y fue solo en agosto de 2017 cuando se impusieron las primeras sanciones financieras.

Según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, para mayo de este año la inflación interanual ronda el 229%, mientras el tipo de cambio oficial ha sufrido una depreciación del 81% desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025. Esta acelerada devaluación del bolívar es básicamente el resultado de la crítica escasez de reservas internacionales líquidas sumada a la ingente creación de dinero inorgánico (sin respaldo en divisas) por parte del Estado. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el BCV incrementó la base monetaria en 225%.

Por otra parte, Guerra ha expuesto cómo el BCV manipula la percepción del venezolano respecto al desempeño de la economía: primero ocultó las cifras del PIB durante el colapso de 2019-2021, y luego publicó únicamente tasas de crecimiento porcentual sin revelar los valores absolutos, alimentando así la ilusión de una recuperación robusta. En realidad, la economía —aunque exhibe tasas de crecimiento— opera sobre una base drásticamente reducida por la crisis previa que se mantuvo en secreto estadístico.

En conclusión, en Venezuela ni ha crecido sustancialmente la economía, ni hay disciplina fiscal, ni estabilidad cambiaria, tal como intentan hacer creer los voceros del régimen. La creciente brecha entre la narrativa oficial y la economía real explica por qué, en Venezuela, medir la inflación, reportar la devaluación o mostrar la caída del ingreso se ha vuelto un delito político. Criminalizar y silenciar cifras independientes es el recurso de un gobierno ilegítimo que, incapaz de resolver los problemas de fondo del país, necesita controlar el relato para intentar sostener su dominio.