Los funcionarios administrativos tuvieron que dar la cara por sus jefes, en una conferencia de prensa, y alegaron que ambos parlamentarios entraron en cuarentena por el Covid-19.

El director general de Administración y Finanzas del Congreso, Rubén Vázquez, y Analía Brítez, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), aseguraron que el proceso quedó paralizado y que no se pagó ni un solo guaraní.

Otro de los administradores del Senado, Ascensión Martínez, también estuvo siguiendo la conferencia.

Los funcionarios admitieron que hubo una primera protesta por parte de la oferente no adjudicada, pero que la Dirección de Contrataciones rechazó in límine.

Posteriormente se dio la adjudicación, pero se volvió a presentar una segunda protesta que sí fue admitida, por lo que el proceso quedó en suspenso a las resultas de Contrataciones Públicas.

“Queremos recalcar principalmente que a partir de que se ha recibido esa observación de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la institución no ha avanzado en lo que significa obligaciones, generar pagos”, dijo Vázquez.

Por su parte, Brítez indicó que la institución es siempre celosa del cumplimiento de los plazos legales, y que el 16 de diciembre se firmó el contrato con la empresa adjudicada que fue Gallery.

“El 21 de diciembre se emitió un código de contratación, y fue notificada una nueva protesta. Desde ese momento, el llamado está suspendido. Si bien está emitido, el código fue bloqueado”, explicó.

Todos los funcionarios coincidieron en que el presidente del Congreso estaba informado sobre el procedimiento y las protestas.

“Las empresas son conscientes de que las protestas pueden existir. Las costas de este tipo de procesos, asumen ellos”, indicó la funcionaria.

Además, agregó que no hay un plazo específico para que Contrataciones Públicas se expida sobre este caso.

También calificó como falsa las denuncias por parte de la firma Selcom, que fue la que hizo la protesta.

“Tenemos la nota de consultas, todo el proceso en sí es público. 52 millones de guaraníes es la diferencia en precio y no como ellos aseguran, que es un monto mayor”, cuestionó Brítez.

“La parte más grave es que nos dimos cuenta de que en la protesta presentaron cuadros donde modifican los catálogos (...). Evidentemente es una adulteración de datos y tenemos las pruebas”, remarcó la funcionaria.