El Abog César Aníbal Benítez en representación de Nelson Alexis Segovia Acevedo, Julian Benitez Gamarra, José Felix Caceres Galeano, Higinio Ramón Acuña, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramirez, impulsó nulidad del acta de imputación, mientras que Emili Vanessa Florentín Páez, promovió un nulidad parcial.

De igual manera se presentaron 3 reposiciones y un incidente de excepción de incompetencia. Para el próximo 3 de agosto está prevista en principio la audiencia preliminar para el intendente Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa.

Se trata de la investigación de una supuesta compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. 

“Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación. Los fiscales solicitaron el arresto de Prieto y de otros 10 involucrados en el hecho.  

Por orden de pago N° 80.058 del 3 de abril de 2020, se realizó el primer pago parcial de las cestas básicas por la suma de G. 1.769.790.000 a la empresa Tía Chela SRL, por la compra de 15 mil kits de alimentos.

Según la documentación, la empresa entregó los 15 mil kits, el 27 de marzo de 2020, que habría sido recibido por el jefe de Almacenes Julián Benítez.

Sin embargo, a pesar de que la comuna habría realizado un primero pago por 15 mil kits de alimentos (primera entrega) por la suma de G. 1.769.790.000, se habría realizado una segunda entrega de 10 mil kits de alimentos el 13 de abril de 2020, según el documento firmado por Benítez, como jefe de Almacenes. De esta forma, se completó la entrega de 25 mil kits, lo cual no se ajusta a la realidad, enfatiza la imputación contra el intendente y otros.