La Fiscalía imputó al exrector y exadministrador de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez, por presuntamente falsear registros académicos de estudiantes que no habrían cursado regularmente sus carreras universitarias. La causa se conoce luego de la condena a ocho años de prisión del exsenador colorado Hernán Rivas, quien obtuvo de esa institución su cuestionado título de abogado.
La imputación fue presentada por el fiscal Julio Ortiz, quien atribuye a Acuña Vázquez los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos. Ortiz también le atribuye un supuesto perjuicio de G. 450.000.000, que habría ocasionado mediante el traspaso de la Universidad a nuevos administradores, a quienes presuntamente habría mentido sobre la situación documental.
Los hechos se habrían producido en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015, cuando, en su calidad de autoridad máxima de esa institución, el imputado habría dejado constancia en los registros y documentos académicos de la Universidad de hechos que no se corresponderían con la realidad, tales como la condición de estudiantes, la aprobación de asignaturas y la rendición de exámenes, entre otros, valiéndose para ello del control de las dependencias, filiales, carreras y de las personas encargadas de su registro y certificación.
Los nuevos administradores, José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci, tomaron conocimiento de esta situación a través del juicio al exsenador Hernán David Rivas Román, condenado a 8 años de prisión por su título "mau" de abogado, cuyo desarrollo permitió verificar que este figuraba como alumno de la carrera de Derecho sin haber cursado ni aprobado las asignaturas.
Respecto a la supuesta estafa a los nuevos propietarios de la Universidad, el fiscal sostiene que, en octubre de 2015, Acuña habría declarado falsamente una situación institucional diferente de la real y omitido informar a los nuevos administradores, Manzoni y Peralta Vierci, sobre las graves irregularidades documentales y académicas cometidas en el ejercicio de sus funciones, a los efectos de obtener un beneficio patrimonial indebido por la operación de traspaso.
"Esta situación derivó en el total desprestigio y daño a la reputación académica de la Universidad Sudamericana, con la pérdida de clientes y alumnos, cierres de filiales, entre otros perjuicios, lo cual generó un importante daño patrimonial a los denunciantes", afirma el fiscal en su imputación, según informan de la radio 780 AM.
