Intervino como defensor de la jefa comunal, el abogado Derlis Martínez. El principal implicado en esta causa es el diputado Esteban Samaniego, ya que durante su gestión como intendente se habría desviado más de G. 1.100 millones, que luego fueron usados para la construcción de una lujosa residencia que el matrimonio tiene en barrio San Vicente, de Asunción. Samaniego hasta ahora no fue desaforado por la Cámara Baja.

El abogado Derlis Martínez solicitó intervención por la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, así como de Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego y Damián de Jesús Galarza y solicitó la suspensión de la audiencia preliminar debido a la necesidad de acceder a copias del expediente para preparar su estrategia legal.

Diputado construyó su casa con dinero desviado de comuna, sospecha Fiscalía

Los trabajos de demolición, proyectos y construcción de la vivienda unifamiliar de dos plantas del matrimonio compuesto por el diputado Esteban Samaniego y Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, fueron pagados con dinero desviado de dicha comuna, durante la gestión del hoy parlamentario como jefe municipal (2010/2018), según sospecha la Fiscalía. De un total de G. 1.108.599.918, la suma de G. 563.016.918 fue abonada, entre 2017 y 2018, por Andrés Alfredo Arrúa Brítez, representante legal de la firma BH Services SRL, beneficiado con licitaciones por su amigo Esteban Samaniego; y G. 545.583.000 por la empresa, CX Construcciones. Los indicios del hecho punible de administración en provecho propio obran en la carpeta a cargo del fiscal Silvio Corbeta, que fue recusado por Corvalán.

El 10 de diciembre del año pasado, el fiscal Corbeta había imputado a Samaniego a su esposa y otras 21 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. El beneficio indebido atribuido al exjefe comunal fue de G. 338.595.000, que se hizo a través de pagos de fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento. Los cheques fueron efectivizados por Samaniego, Corvalán y otros familiares.

Durante la investigación, se descubrió que la construcción de la casa de Samaniego y Corvalán, fue pagada con dinero desviado de la comuna de Quyquyhó.
A consecuencia de este descubrimiento, Corbeta citó a indagatoria a Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Patricia Corvalán, Manual Olazar, Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, para el 6 de diciembre pasado.

Con relación a Andrés Alfredo Arrúa Brítez, representante Legal de BH Services SRL, el Ministerio Público sostiene que de acuerdo a los nuevos elementos de sospecha incorporados, se tiene que además de los hechos atribuidos con anterioridad, en su carácter de Representante Legal de la firma proveedora BH Services SRL, siendo amigo personal del ex intendente municipal de Quyquyhó, habría sido beneficiado con dinero de esta comuna a partir de las licitaciones que le fueran adjudicadas de manera sistemática por Esteban Samaniego, por obras que serían inconclusas o inexistentes. Con ese dinero, según fiscalía, habría abonado a la arquitecta Viviana Esther Vargas de Mendoza la suma de Gs. 563.016.918, por una parte, de los trabajos de demolición, proyectos y construcción de la vivienda unifamiliar de dos plantas del matrimonio compuesto por Esteban Samaniego y Patricia Corvalán, que totalizaron G. 1.108.599.918, ubicada sobre las calles Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, en el periodo de tiempo comprendido entre el 2017 y el 2018.
“Dicho monto habría sido facturado a nombre de su empresa BH SERVICES SRL, y no a nombre del matrimonio, a raíz de que Ud. habría realizado estos pagos, por la construcción de la vivienda encargada por los Sres. Esteban Samaniego y Patricia Corvalán con el dinero obtenido a partir del desvío y perjuicio ocasionado a la comuna de Quyquyhó ,a través de su firma proveedora y de sus cobros de cheques de otras firmas, sobre todo por las licitaciones concedidas por el mismo Esteban Samaniego, en su calidad de Intendente Municipal. Por tanto, sus conductas se subsumen en el tipo penal previsto en el art. 8º de la Ley 2523/04 en calidad de cómplice (Art. 31) del CP”, apuntó Corbe en su cita a indagatoria.

Patricia Corvalan (cónyuge de Esteban Samaniego)

De acuerdo a los nuevos elementos de sospecha incorporados, se tiene de que la actual intendenta, además de los hechos que le fueran atribuidos con anterioridad, habría encargado conjuntamente con su cónyuge Esteban Samaniego a la arquitecta Viviana Esther Vargas de Mendoza, los trabajos de proyectos, demolición y construcción de su vivienda de dos plantas ubicada en las calles Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, que alcanzó un valor total de Gs. 1.108.599.918, de los cuales obtuvo de la firma proveedora BH Services SRL representada legalmente por el amigo íntimo de su cónyuge Andrés Arrúa, la suma de Gs. 563.016.918, por una parte, y el saldo restante G. 545.583.000 de la empresa constructora CX Construcciones. Dichos trabajos se habrían llevado a cabo en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2018, los cuales habrían sido fondeados a través de los diversos pagos realizados a la citada arquitecta entre el periodo de 2017 y 2018 por estos dos esquemas empresariales con los recursos municipales, que eran beneficiadas con obras por la Municipalidad a cargo de su cónyuge Esteban Samaniego. “Dicho monto habría sido facturado por la arquitecta a nombre de ambas empresas, y no a nombre de Ud. ni de su cónyuge, a pesar de que Ud. y su cónyuge se constituirían en los verdaderos dueños de la vivienda, habida cuenta del origen ilícito de estos fondos, que serían productos del desvío de fondos y del perjuicio a la comuna a cargo de su cónyuge Esteban Samaniego. Sus conductas se subsumen en el tipo penal previsto en el art. 8º de la Ley 2523/04 en calidad de cómplice (Art. 31) del CP”, refirió Corbeta.

Manuel Olazar Duarte (Ex Director de Administración y Finanzas)

De acuerdo a los nuevos elementos de sospecha incorporados, se tiene de que además de los hechos que le fueran atribuidos con anterioridad, desde sus funciones como Director de Administración y Finanzas, firmante y responsable de las cuentas habilitadas en el sistema financiero de la Municipalidad de Quyquyhó conjuntamente con el intendente Esteban Samaniego, habría sido responsable del desvío de la suma total Gs. 1.108.599.918 entre el 2017 y 2018 ordenando los pagos hacia las empresas BH Services SRL y CX Construcciones, que fueron destinados por el matrimonio Esteban Samaniego y Patricia Corvalán para el pago de la arquitecta Viviana Esther Vargas de Mendoza por los trabajos de proyectos, demolición y construcción de su vivienda, que costó el monto total de G. 1.108.599.918 dinero que habría salido de la comuna que era administrada por su persona, de los cuales BH Services SRL representada legalmente por el amigo íntimo del Intendente Andrés Arrúa abonó la suma de G. 563.016.918, por una parte, y el saldo restante G. 545.583.000 por la empresa constructora CX Construcciones. Al respecto cabe destacar, que estas empresas fueron adjudicadas como proveedoras de obras y servicios por la Municipalidad de Quyquyhó, y que el dinero utilizado para solventar la construcción de la vivienda de propiedad de los mismos habría sido producto del desvío de los fondos del municipio y del perjuicio ocasionado a la institución. Sus conductas se subsumen en el tipo penal previsto en el art. 8º de la Ley 2523/04 en calidad de coautor (Art. 29 inc 2) del CP.

Blanca Gloria Alvarez Vda. de Samaniego (Madre del Intendente)

De acuerdo a los nuevos elementos de sospecha incorporados se tiene que además de los hechos que le fueran atribuidos con anterioridad, de que Ud. habría obtenido un beneficio indebido entre el 2017 y 2018 que habría consistido en el aumento del valor de la propiedad (tipo condominio) registrado a su nombre, ubicada en las calles Padre Juan María Casanello y Pampa Grande del Barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, con la construcción de una vivienda de dos plantas que significó una inversión total de Gs. 1.108.599.918 con recursos presuntamente desviados de la Municipalidad de Quyquyhó, cuya construcción y obras le fue encomendada por su hijo Esteban Samaniego y su cónyuge Patricia Corvalán mientras este se encontraba al frente de la Municipalidad de Quyquyhó a la arquitecta Viviana Esther Vargas de Mendoza, conforme a las sospechas con dinero obtenido a partir del desvío de los fondos municipales a través de las empresas que eran beneficiadas con licitaciones BH Services SRL y CX Construcciones. Por tanto, sus conductas se subsumen en el tipo penal previsto en el art. 8º de la Ley 2523/04 en calidad de cómplice (Art. 31) del CP.

El Observador