Núñez enfatizó que el Estado debe ejercer un control riguroso sobre las empresas que se instalan bajo la figura de inversión, sin evaluar el impacto social, ambiental y energético. Señaló que las criptomonedas dificultan la trazabilidad y, en ausencia de regulación, estas granjas podrían ser utilizadas para operaciones ilícitas.
Destacó que la mayor preocupación es que, en el actual vacío legal, estas instalaciones se transformen en un vehículo para el lavado de dinero: “La falta de regulación estricta y fiscalización eficiente convierte a Paraguay en un punto débil para el lavado de activos. Las grandes transacciones, a menudo anónimas, facilitan la limpieza de dinero proveniente del crimen organizado, incluyendo narcotráfico y otros delitos graves”.
Además, advirtió que la opacidad en las operaciones crea un entorno propicio para la evasión fiscal: “Millones de dólares pueden estar evadiendo al fisco, privando al Estado de recursos esenciales para el desarrollo social y económico”, acotó.
Instó a que se revisen las normas existentes para que las criptogranjas no sirvan para el lavado de dinero ni para financiar el terrorismo, convirtiéndose en vehículo para lavar dinero de ilicitudes y a su vez financiar actos terroristas.
Agregó que, las granjas cripto no solo infringen leyes ambientales sobre ruido molesto y la gestión de toneladas de residuos electrónicos, sino que ejercen una presión descomunal sobre la infraestructura eléctrica, comprometiendo un recurso nacional vital. La Ley N° 716/96 y otras normativas que buscan proteger el ambiente y la sustentabilidad son sistemáticamente ignoradas por estas corporaciones.
Dijo que el costo real de estas «inversiones» recae sobre el bienestar de las comunidades y el futuro del país, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.
Finalmente, Núñez sostuvo que el Estado no debe esperar un estallido social para adoptar medidas, sino actuar preventivamente y regular el modo en que estas empresas operan, evitando que se instalen sin mayores controles en el país.
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