Sánchez está postrado frente al INDERT hace casi un mes y adelantó que se sumarán otros miembros de la colonia. “Si no dan resultados van a venir más personas, nosotros ya no podemos vivir en nuestras casas, por miedo. Mi familia ya no vive en el lugar, se fueron a casa de otros familiares”.

El dirigente sostuvo que en la colonia reina la preocupación y el temor tras el fallecimiento de uno de los vecinos, Artemio Cabral López, tras un incidente con una guardia de seguridad, que custodiaba unas tierras que están en litigio judicial.

La propiedad en litigio pertenece a la firma Agroganadera La Leña. Había sido expropiada años atrás para la Reforma Agraria, pero, por informes del Servicio Nacional de Catastro, la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, se puso en duda el origen del título presentado por los supuestos dueños, que estarían usurpando las tierras públicas.

Ante esta situación, se interpusieron procesos judiciales en busca de determinar el verdadero origen de las tierras en litigio. Sin embargo, según la versión del INDERT, los supuestos propietarios recurrieron a chicanas en los tribunales para evitar que los campesinos accedieron a esos lotes. El ente agrario acusa que la lentitud del Poder Judicial desembocó en el triste suceso en el que guardias civiles dispararon contra el campesino hoy fallecido.

DOLIDOS

Benítez señaló que están muy dolidos y que siguen llorando su muerte. Recordó que Cabral vivió 17 años en Ñacunday luchando por un pedazo de tierra y 8 años en Santa Lucía. “Estaba ocupando una tierra que nos fue entregada por el INDERT, hay una ley de expropiación de por medio y el compañero además tenía un amparo que decía la policía le tenía que proteger. Pero no hay protección en Santa Lucía, estamos muy dolidos”.

“Estoy preocupado, la inseguridad se volvió insostenible. Esa gente (los guardias) sigue recorriendo por la colonia y tenemos miedo que hieran a otro compañero y la gente va a reaccionar; entonces va a ver un enfrentamiento y no quiero que haya otro Curuguaty en Santa Lucía, porque a eso nos estamos yendo en este momento”, advirtió el dirigente.

Mencionó que es un dirigente reconocido por el INDERT, que le reconoce como persona sujeto de la Reforma Agraria y “me imputaron a mí y a mi compañero por invasión, se imaginan esa situación. No tengo palabras para describir esta situación. No tengo pruebas, pero me remito a los hechos, que me dicen que los jueces y policías son todos comprados. Porque se juega tanto por los compañeros en Santa Lucía”.

SALUD

El dirigente recordó que hace 8 años que le prometen solución, tranquilidad para todos y hasta hoy “el gobierno no cumple con ese compromiso. Nuestro compañero falleció porque tuvieron que llevarlo a 150 kilómetros para recibir atención, el servicio de salud que tenemos en la comunidad es pésimo”.

Mencionó que se nombró a un médico para la comunidad, a quien identificó con el nombre Wilson, no recuerda su apellido. Denunció que en la práctica está más en Hernandarias que en Itakyry.

“En el puesto de salud hay dos licenciadas, pero ellos muchas cosas no pueden hacer, no es como un médico. Este servicio debe cubrir más o menos la necesidad de unas 6 mil personas, porque acá tenemos cerca unas cinco colonias indígenas y todos dependen del mismo servicio y el Centro de Salud de Itakyry tampoco tiene infraestructura para tratar casos como el del compañero muerto. Nos sentimos abandonados, despreciados”.