La resolución judicial comprende una camioneta Jeep Compass, modelo 2025; una Jeep Commander, modelo 2024, y una Toyota Land Cruiser 300 VX. Los dos últimos rodados figuran registrados a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas.
El magistrado también ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre los tres vehículos, con el objetivo de impedir modificaciones en su situación jurídica mientras avanza la investigación penal.
Las medidas fueron dictadas por Osmar Legal, quien actualmente reemplaza al juez Humberto Otazú en la causa. La disposición incluye la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes tanto al ex titular de la petrolera estatal como a Karina Estefana Otazú.
Asimismo, el juzgado resolvió embargar preventivamente los recursos depositados en cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros que ambos mantengan en bancos, financieras y cooperativas del país.
La decisión también comprende los fondos que eventualmente ingresen a dichas cuentas durante la vigencia de las medidas cautelares.
No obstante, la resolución permite que los productos financieros continúen recibiendo depósitos, transferencias y cheques. Lo que queda restringido es la posibilidad de retirar dinero, efectuar pagos, realizar transferencias de salida o emitir cheques que impliquen movimientos de los fondos afectados.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Jara registra cuentas en cinco entidades bancarias, incluida una compartida con su expareja, mientras que Otazú cuenta con otros siete registros financieros.
La decisión judicial se produce después de que la fiscala de Delitos Económicos Yeimy Adle presentara una imputación contra ambos, a partir de una investigación patrimonial que detectó movimientos económicos considerados sospechosos.
En el caso del exfuncionario, el Ministerio Público investiga un presunto incremento patrimonial de aproximadamente G. 5.399 millones que no habría podido ser justificado mediante sus ingresos lícitos.
Jara fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que su expareja enfrenta una imputación por presunto lavado de activos.
Uno de los aspectos examinados por los investigadores guarda relación con operaciones crediticias particulares que el expresidente de Petropar aseguró haber realizado con terceras personas.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, Jara declaró haber entregado préstamos por un total de G. 4.100 millones a diferentes beneficiarios, entre ellos la propietaria de una estación de servicios y un profesional médico.
El exfuncionario sostuvo que estos desembolsos tenían como finalidad contribuir al financiamiento de determinados proyectos particulares.
Sin embargo, la Fiscalía considera que Jara no contaba con capacidad económica suficiente para realizar préstamos de semejante magnitud, por lo que investiga la posibilidad de que esas operaciones hayan sido simuladas para justificar movimientos de dinero.
Las sospechas sobre estas transacciones forman parte de los elementos incorporados a la investigación patrimonial, que busca determinar el origen de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.
Por otra parte, el juez Osmar Legal admitió la imputación presentada por el Ministerio Público y convocó a los dos procesados para una audiencia de imposición de medidas cautelares prevista para el próximo 6 de noviembre.
Eddie Jara deberá comparecer ante el juzgado a las 07:40, mientras que Karina Otazú fue citada para las 07:50 de la misma jornada.
La causa continuará bajo investigación del Ministerio Público, mientras permanecen vigentes las restricciones patrimoniales y financieras ordenadas judicialmente. Las imputaciones constituyen atribuciones provisionales de hechos punibles y no implican una declaración de culpabilidad de los investigados.
