Una condición para la conformación de esta investigación es que se acepte la realización de pruebas de ADN en Paraguay y Argentina para determinar la filiación de las niñas, aseguró Acevedo.

“Tenemos todos los elementos de juicio de que las niñas fallecidas son paraguayas”, dijo el canciller este miércoles en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El canciller agregó que el Paraguay se atiene al pedido de investigación de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con quien se reunió a fines de setiembre en Ginebra, Suiza.

“En la reunión con Bachelet nos comprometimos a buscar una salida respetuosa pero esclarecedora. Acordamos el respeto absoluto a la cuestión jurisdiccional y a la realización de pruebas de ADN en Argentina y en Paraguay”, relató Acevedo a la comisión y agregó que esta misma postura fue transmitida en su reunión con el canciller argentino, Santiago Cafiero.

En la reunión entre los cancilleres de Paraguay y Argentina se tocó el tema de investigar lo ocurrido el 2 de setiembre de 2020 en Yby Yaú, Concepción, donde ocurrió un enfrentamiento que dejó dos fallecidas de 11 años en un campamento con evidencias de pertenecer al EPP. Las dos niñas contaban con documentos de identidad de Argentina.

La identidad de las menores y su ingreso al Paraguay forma parte del pedido de investigación y el canciller indicó que existen órdenes judiciales para realizar las pruebas de ADN en Paraguay y Argentina, pero las mismas no se pueden realizar de forma coercitiva a quien se presume sería la madre de una de las niñas, Laura Villalba, quien fue detenida en diciembre y guarda reclusión en el penal de Viñas Cué.

El canciller señaló que el Gobierno quiere avanzar en la conformación de esta comisión investigadora, que deberá estar conducido por el Ministerio Público, de modo a identificar a las niñas y también investigar la presunta desaparición de otra menor de edad, de 14 años, y las actividades en Argentina de presuntos familiares de miembros del grupo criminal, sobre quienes se sospecha la utilización del dinero adquirido en actividades como secuestro y extorsión.

Sobre la presencia de menores de edad en los campamentos, el Gobierno repudió el hecho y presentó evidencias de que son utilizados por el grupo criminal para hechos delictivos.