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2025-06-23 07:58:57
Petróleo en el agua: Fiscalía clausura estación Shell por grave daño ambiental
El Ministerio Público imputó al empresario Elso Ramón Zárate Galeano, presidente del Grupo Zagal S.A., por la presunta transgresión de la Ley N.º 716/96 «Que sanciona delitos contra el medio ambiente», así como por ensuciamiento y alteración de aguas, en un caso que ha generado alarma entre los vecinos del barrio San Isidro de Ciudad del Este.

El fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 1 de Alto Paraná, lidera la causa.

La imputación está vinculada a la contaminación de pozos domiciliarios con hidrocarburos, atribuida a pérdidas en los tanques subterráneos de una estación de servicios con emblema Shell, operada por la empresa del imputado. La denuncia fue formulada tras constatarse el 13 de febrero del corriente año, la presencia de combustible en dos pozos de agua de viviendas colindantes al surtidor, los cuales comparten la misma fuente subterránea.

Durante la verificación, la Fiscalía detectó severas irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la firma ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El documento solo reconocía dos tanques de 20.000 litros, cuando en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros en uso, además de cinco más fuera de funcionamiento que no fueron retirados. La empresa tampoco instaló pozos de monitoreo ni cumplió con el mantenimiento adecuado de canaletas para derrames, medidas exigidas para prevenir daños ambientales.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. Zárate deberá presentar una caución de Gs. 300.000.000, registrarse periódicamente ante el Juzgado, no salir del país y abstenerse de cometer nuevos hechos punibles. Asimismo, se pidió como medida cautelar real la clausura de la estación de servicios y la prohibición de realizar cambios en el sitio hasta que se apruebe un nuevo plan de contingencia ambiental.

Este caso vuelve a poner en debate el control ambiental sobre estaciones de servicio y la responsabilidad empresarial ante el daño a recursos vitales como el agua subterránea.




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