Las autoridades de la Dirección General de Aduanas, de la SEPRELAD y de la Secretaría de Anticorrupción exhibieron dos facturas con mismo número –en lenguaje simple, clonadas- y con información distinta, pero ambas sobre una misma carga. Es en esto, en la carga –cigarrillos- en lo único en lo que no se contradicen ambos documentos de facturación. Una, siempre según las autoridades, fue entregada en Aruba; la otra, en el Paraguay. En ambas no figura el nombre o razón social del exportador de la mercancía supuestamente transportada; en una, se afirma que el medio de transporte fue marítimo y se detalla que fueron cuatro contenedores; en la otra factura, que el medio de transporte fue aéreo y que la empresa fue DHL. Ni una ni la otra información refleja la verdad, el supuesto envío se efectuó en un avión de la empresa venezolana EMTRASUR, en una aeronave de fabricación estadounidense que hasta hace poco prestaba servicios de una empresa iraní.

Es decir, en ambas facturas exhibidas se miente sobre el medio de transporte supuestamente utilizado.

En una de las facturas, según lo dado a conocer en pantalla gigante durante la conferencia de prensa, se especifica que la forma de pago fue en efectivo. Un aspecto en el que ambas facturas se acercan a la coincidencia, a parte de la carga, es en lo referido al monto de la facturación. Dejamos aquí la cifra exacta de una de ellas: 777.444,00 dólares americanos. También se explicó durante la comparecencia ante los medios que en la documentación figuran datos que pueden permitir la identificación de transferencias bancarias vinculadas a esta carga declarada, y es aquí donde surge una nueva interrogante.

Si se afirma haber pagado 777 mil dólares “en efectivo”, en concepto de qué Tabacos USA INC –propiedad del Grupo Cartes- transfirió, en cuatro operaciones, lo que sumados alcanza la suma de 1.196.764,68 dólares a una cuenta en el BNF a nombre de Tabesa S.A. –también propiedad del Grupo Cartes-. La fecha del registro de las cuatro transferencias data del 29 de abril del 2022, más de diez días antes del transporte de la supuesta carga, que se produjo el 13 de mayo del 2022, desde el aeropuerto Guaraní.

Los montos transferidos difieren en más de 400 mil dólares de lo que figura en las facturas, presentadas por la misma Tabesa S.A. como justificación tributaria en el marco de esta supuesta operación de compra/venta de cigarrillos.

La otra cuestión sospechosa radica en lo siguiente: las transferencias a la cuenta de Tabesa S.A. en el BNF provienen de una empresa del mismo grupo empresarial. La carga de cigarrillos fue llevada hasta Aruba, a pedido de la empresa Tabacal Free Zone, propiedad de una familia de apellido Manzur, pero no es Tabacal la que paga por la mercancía, ella solo sería un consignatario, sino que es Tabacos USA INC la que paga; es decir, es el Grupo Cartes el que le compra –supuestamente- al Grupo Cartes.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, dijo posteriormente, en respuesta a la acusación de las autoridades gubernamentales, que el Grupo Cartes no cometió evasión fiscal, ni lavado de dinero ni financió a organizaciones terroristas. De su conferencia de prensa, se entiende que ellos cuestionan la veracidad de las facturas presentadas.

Lo cierto es que en la mañana de este viernes y antes de dar a conocer públicamente la denuncia, la misma fue arrimada, acompañada de las documentaciones aquí mencionadas y otras más, ante la unidad correspondiente del Ministerio Público.

Se trata de la primera vez en que una acusación imputada públicamente en contra de Horacio Cartes ante la prensa va acompañada de evidencias preocupantes y serias. No fue una conferencia de prensa cualquiera, se trató de la exhibición de evidencias que, de ser efectivamente ciertas, demuestran de principio a fin el modus operandi que se suele ejecutar para evadir impuestos o lavar dinero.

Si a esto le sumamos que el avión utilizado es señalado como perteneciente a una organización terrorista y que sus tripulantes son integrantes de la Guardia Republicana de Irán, acusada de terrorismo por los EE.UU., estamos en presencia de hechos sumamente preocupantes.

Ante la montaña de evidencia en torno a este tema, a cualquier observador independiente no le queda otra opción que señalarle a la Fiscalía y con razón: ¿qué más necesita para imputar, allanar y avanzar? Recordemos que, si no lo hace el Ministerio Público, muy posiblemente lo hará el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense.