El oficio remitido al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, se ampara en lo establecido en el código 326 del Código Procesal Penal, citando en primer términos que la fecha inicial está prevista para el 11 de junio, para formular acusación u otro requerimiento sobre las siguientes personas 

Manuel Olazar Duarte, Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramon Vargas Gaete, Andres Alfredo Arrua Britez, Andres Isabelino Fulgencio Arrua, Nelson Marcelo Fleitas Fleitas, Patricia Adriana Corvalan, Damian De Jesus Galarza, Blanca Gloria Alvarez Vda De Samaniego, Christian Daniel Dominguez, Carlos Aurelio Bareiro Bogarin, Bernardina Yegros De Cabañas, Ruth Mercedes Medina Yegros, Líder Catalino Ramirez Ramirez, Soledad Ramona Pereira Ayala, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Juan Fanego Otazu, Wilma Fanego Otazu, Justino Ayala, Benigno Villasboa Cáceres, Julian Olmedo Brizuela, Oscar Samuel Fanego Otazu.

Parte de la fundamentación refiere que la complejidad no deviene sólo de los hechos o de los tipos penales investigados sino de cómo acontecieron las circunstancias fácticas que se señalan en el acta de imputación. Es decir, para poder concretar los hechos que son objeto de investigación se han utilizado varios esquemas de personas que tenían vinculación con el exinntendente, lo que implicó la conformación de varias empresas y esquemas jurídicos para facilitar la salida de recursos de la institución de manera sistemática a las mismas empresas.

No deja de ser menos importante mencionar, que el Diputado Esteban Samaniego Alvarez (Ex Intendente de Quyquyhó) en la actualidad posee fueros y por ende se encuentra investido de inmunidades, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos dio cumplimiento con el trámite previsto en el art 328 inc. a) segundo párrafo 1 del CPP, habida cuenta la existencia de méritos para formar causa habida cuenta la formulación de una imputación fiscal presentada en su contra y de otras veintidós (22) personas por esta Unidad Especializada, lo cual fue remitido en dos oportunidades a la Cámara respectiva no siendo tratado hasta la fecha el pedido de desafuero. 

Por tanto, la Honorable Cámara de Diputados no se ha expedido de forma positiva o negativa respecto al otorgamiento del permiso al Poder Judicial “para formar causa” y en consecuencia tener por iniciado el procedimiento respecto del citado legislador quien sería el coautor junto con el Director de Administración y Finanzas Manuel Olazar de los hechos punibles “Administración en Provecho Propio y de Asociación Criminal”, de conformidad a lo descrito en el acta de imputación formulada, y habida cuenta lo mencionado se formula igualmente el presente pedido de prórroga del plazo de investigación, a tenor de que aún no se ha procedido al estudio del desafuero, por lo tanto, se encuentra hasta la fecha pendiente de resolución. 

“Si bien es cierto, no se ha logrado formar causa o proceso respecto al citado legislador debido a que aún no se cuenta con la autorización debida, en el presente requerimiento de prórroga se realiza énfasis a la conducta de Esteban Samaniego Alvarez, esto se debe a los efectos de que VV.EE. puedan comprender a cabalidad las conductas que se le atribuyen a los demás procesados y de qué manera estos han colaborado activamente para su consecución, y sobre todo para denotar la complejidad de la presente investigación que requiere por su dificultad y por la cantidad de procesados, la ampliación de un plazo mayor para la realización de más diligencias que son consideradas indispensables para la acreditación de la hipótesis preliminar sostenida por el Ministerio Público, sobre todo para llegar a una conclusión objetiva respecto a la situación procesal de cada uno de los encausados”, agrega.

Además de este elemento, se tienen en cuenta otras diligencias igual de importantes para la continuidad del proceso De la misma manera a los efectos de seguir incorporando elementos de que permitan corroborar los hechos señalados, esta Unidad Especializada se encuentra realizando un trabajo interinstitucional y en tal sentido solicitó el apoyo de diversas instituciones estatales tales como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a los efectos de verificar la ejecución de algunos contratos realizados por la Municipalidad de Quyquyhó con las empresas proveedoras. Igualmente se requirió a la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT) la trazabilidad de algunas compras realizadas por la comuna, e igualmente ha requerido el apoyo de la Contraloría General de la República para la verificación de algunas obras adjudicadas a estas empresas,.

El Observador