Ante una iniciativa de derogar la ley que los sectores sociales consideran como “garrote” a la lucha por la recuperación de tierras malhabidas, el representante del gremio de la producción señaló vía Monumental que la ley es clara y que la invasión es penable.

“Nadie niega que la invasión está fuera de la ley y esta ley lo que hizo es subir la categoría de delito a crimen la invasión”, sostuvo.

Agregó incluso que coinciden que “ni los indígenas, campesinos ni nadie tiene que ser desalojados de sus tierras, pero de la tierra ajena para eso está la justicia”.

Para Cristaldo, la normativa cuestionada dista mucho de tener relación con los desalojos. Los sectores sociales se movilizan para denunciar desalojos constantes y violentes y piden la derogación de la ley. Incluso la jerarquía eclesiástica recomendó la derogación.

“Hay confusión. La ley no tiene nada que ver con los desalojos porque los desalojos son procesos independientes a esta ley”, señaló Cristaldo.

Sobre las expresiones del obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela sobre la ley, para Cristaldo no existe imperativo en las palabras del prelado, sí una recomendación.

Indicó que en la práctica se redujeron las invasiones y reiteró que los desalojos actuales no tienen que ver con la ley que se pide derogar porque “son órdenes (judiciales) de hace un año”.

Postura. “Tenemos ante nuestros ojos estos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos en diversas zonas del país. Es de considerarse importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal (criminalización de invasiones) o que se la revise con mecanismo de control y diálogo”, enfatizó el obispo de Caacupé durante la misa central en medio de los aplausos de los fieles.

Nadie niega que la invasión está fuera de la ley y esta ley lo que hizo es subir la categoría de delito a crimen. Héctor Cristaldo, presidente de la UGP.