La carátula del expediente tipifica hecho punible de abuso sexual en niños con elevada expectativa de pena y, conforme a la relación de hechos, la menor solo contaba con seis años al momento de iniciadas las agresiones sexuales a manos de su propio padre. Ocurrían en el interior de la vivienda familiar ubicada en un asentamiento de la periferia, en Ciudad del Este, siempre bajo amenazas y en ausencia de la madre de la víctima, quien finalmente confesó los vejámenes a los que era sometida, ya cuando cumplió los 13 años, según se desprende del acta que inicia el procedimiento penal.
Las brutales agresiones fueron corroboradas por los organismos auxiliares del departamento de asistencia a víctimas, donde fue inspeccionada, primero por el doctor Aníbal Duarte, con resultado de “himen desflorado antiguo”. A su vez, la sicóloga Norma Bas confirmó la teoría planteada, con sugerencias de tratamientos para la menor, que posteriormente declaró en presencia de su madre como testigo del hecho.
YA ADOLESCENTE
El pasado lunes, ya con 14 años y ocho de ser víctima pasiva de los abusos sexuales, pidió declarar como testigo en la causa, acompañada de su madre que desconocía los detalles de los hechos hasta ese momento. El relato frío de la menor hizo concluir a la investigadora que ameritaba la imputación pertinente por resolución fundada. La Policía cumplió la orden de detención del degenerado y lo presentó ante la fiscal Coronel, donde se abstuvo de declarar en indagatoria y en presencia del defensor público de turno.
La serie de diligencias pendientes que incluye la entrevista en Cámara Gesel, ya en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, más la posibilidad de obstruir la investigación y el peligro inminente de fuga por la situación de frontera, hicieron que se solicite la prisión preventiva luego de su audiencia de imposición de medidas. Juez competente, resolverá la suerte del depravado que seguía ayer bajo custodia en la Dirección de Policía.
EXPOSICIÓN
Inicialmente, atendiendo la calificación preliminar con reserva de modificación presentada por la agencia fiscal, el sujeto se expone a penas mínimas de 15 años de pena privativa de libertad, salvo existencia de situaciones que ameriten el requerimiento de un concurso de hechos, que podrían llegar a 25 años de prisión.
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