El caso de Reino expone una vez más el funcionamiento de lo que se ha denominado la “Mafia de los Pagarés”, una red de supuestas empresas y asociaciones que ejecutan pagarés ya saldados, afectando principalmente a jubilados y personas en situación vulnerable.

Todo comenzó en el año 2021, cuando Reino solicitó un préstamo de Gs. 10 millones a través de una persona conocida como “Jorge el Petizo”, quien lo llevó a firmar varios documentos. Los pagos serían descontados automáticamente a través de la Asociación de Educadores Naciente. A lo largo del tiempo, se le descontó religiosamente el monto acordado y la deuda fue cancelada a inicios del 2025. El pagaré quedó en poder de la empresa prestamista, identificada como Credidiemar S.A.

Sin embargo, el 11 de junio del 2025, Reino recibió una notificación del Juzgado de Paz de San Estanislao, debido a que había sido demandado en un juicio ejecutivo por la misma deuda. Alarmado, acudió a la Comisión del Senado, donde se solicitó formalmente el historial de descuentos. La Asociación Educadores Naciente confirmó que la deuda estaba completamente pagada y envió incluso una copia del pagaré con el sello de “CANCELADO”.

El 18 de junio, Reino se presentó en el Juzgado, acompañado por un abogado de la Comisión y funcionarios de la Defensa Pública. Allí se descubrió que la misma empresa que lo había demandado había solicitado el finiquito del proceso un día después de recibir los informes solicitados por el Senado. Es decir, intentaron ejecutar un pagaré cancelado, pero retrocedieron al advertir que se había destapado la situación.

Reino formalizó una denuncia penal en fecha 19 de junio, solicitando que el Ministerio Público investigue a los representantes legales de Credidiemar S.A., entre ellos, Diego Manuel González Chamorro, Nidia Mabel Villar Burgos y el abogado Aníbal Villar Burgos, por un supuesto hecho de estafa en grado de tentativa, usura y asociación criminal.

El docente pidió que la causa se investigue a fondo, ya que sospecha que otras personas podrían estar atravesando situaciones similares con la misma empresa. “Estas personas quisieron ejecutar mi pagaré y, al percatarse de que la Comisión del Senado pidió informes, solicitaron el finiquito”, declaró ante el Ministerio Público.

El caso sigue bajo investigación, pero ya representa un precedente clave en la lucha contra el abuso financiero a jubilados y en el desmantelamiento de estructuras que lucran con la desinformación y la desesperación de los más vulnerables.