Mediante el Decreto 7279, el Poder Ejecutivo asignó este viernes a Pablo Adriano Vera Insaurralde como responsable de intervenir laGobernación del Guairá, específicamente a la administración del colorado cartista Juan Carlos Vera.

La designación se da debido a que el miércoles último la Cámara de Diputados envió al Ejecutivo la resolución por la cual los legisladores prestan acuerdo para la intervención de la institución departamental. Ahora, el documento debe ser refrendado por el Ministerio del Interior.

El interventor ahora tiene un plazo de 90 días para elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados. Posteriormente, una vez que haya concluido ese periodo y al contar con el dictamen correspondiente, la Cámara de Diputados podrá decidir por mayoría la destitución o no de Juan Carlos Vera.

Desde la Presidencia de la República habían confirmado en esta jornada que el documento de acuerdo de la Cámara de Diputados llegó al Poder Ejecutivo a últimas horas del miércoles.

Los legisladores habían debatido el punto ampliamente y, tras varios intentos de parte de los cartistas por seguir dilatando la intervención de la Gobernación, finalmente se logró la aprobación en el pleno, mediante el voto de una mayoría opositora y oficialista.

La administración del gobernador colorado fue denunciada ante el Ministerio Público en febrero de este año por la Junta Departamental por presunta mala utilización de USD 2 millones que debían ser transferidos para la reactivación económica y ayuda social ante la pandemia del Covid-19.

Además, los concejales departamentales pidieron la intervención de la administración de Vera y emitieron un documento manifestando que los fondos fueron entregados a comisiones vecinales inexistentes y organismos que no reunían las condiciones legales como tal.

Mientras tanto, en marzo pasado, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que ya se puso al tanto a la Fiscalía de las presuntas irregularidades halladas en el uso de los fondos Covid por parte de la Gobernación del Guairá y posteriormente bloqueó el Registro Único del Contribuyente (RUC) de la institución.