Según el escrito, existe la sospecha que un grupo privilegiado de personas habría sido informada de manera anticipada sobre la crisis de liquidez y cesación de pagos de la institución, por lo que, ante el colapso, “habrían procedido de manera selectiva a permitir retiros anticipados, millonarios y privilegiados”.

Los legisladores arguyen que en caso de que la información sea cierta, esas extracciones se realizaron sustrayendo dichos capitales de la masa común de acreedores y ahorristas, “vaciando de forma dolosa el activo liquidable de la entidad provocando un grave quebranto patrimonial a la masa societaria”. 

Alertan que esta maniobra no constituye una mera irregularidad administrativa o civil, sino que se encuadra de manera directa en varios tipos legales del código penal paraguayo. 

“El Ministerio Público también debe investigar puntualmente sobre los depósitos que las instituciones públicas seguían realizando cuando la grave situación del banco ya había tomado estado público”. 

“El 7 de septiembre del 2026, los senadores Basilio Nuñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios, solicitan informe al BCP formulando preguntas muy específicas sobre la situación de UENO BANK. Este pedido de informe levanta las alertas en toda la ciudadanía, por lo que a partir de esto, los administradores del dinero público debían tener cuidado en la inversión de sus recursos. Esta arista debe ser investigada, para analizar la responsabilidad de los administradores públicos que dispusieron del dinero de su entidad, aún sabiendo la inestabilidad ya existente con relación a este banco”, agrega la denuncia. 

También solicitaron informes al BCP y a Seprelad sobre las operaciones, una eventual vinculación de la caída del dólar con los hechos denunciados y la protección de datos biométricos captados por empresas del Grupo Vázquez, incluidos los de menores de edad, dejando a cargo de la Fiscalía corroborar las sospechas y determinar responsabilidades.