El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, encabezó un allanamiento en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Sur (UNASUR), en el marco de una investigación por la presunta evasión de aportes a la seguridad social. El procedimiento se realizó a partir de una denuncia presentada por representantes del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según los datos preliminares del Ministerio Público, las irregularidades investigadas se habrían producido entre los años 2022 y 2025. La Fiscalía busca determinar si la institución realizó descuentos salariales a sus trabajadores en concepto de aportes obrero-patronales sin transferir posteriormente los fondos a la previsional.
Durante el allanamiento, los intervinientes buscaron documentación laboral, administrativa y contable, incluidos contratos de trabajo, recibos de salarios, registros de descuentos, declaraciones de aportes al IPS, libros contables y documentos societarios. También se procuró acceder a equipos informáticos que contendrían información sobre los pagos a funcionarios y los cobros efectuados a estudiantes.
La investigación podría extenderse a otros hechos punibles. Grisetti señaló que, mediante el cotejo de información con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), surgieron inconsistencias relacionadas con aproximadamente G. 280 millones declarados en el marco del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).
Los investigadores deberán determinar si se consignaron como gastos deducibles aportes a la seguridad social que no habrían sido efectivamente abonados. En consecuencia, no se descarta la apertura de nuevas líneas de investigación por posible producción de documentos falsos y evasión de impuestos.
También analizan la eventual existencia de una cuenta paralela a los canales oficiales de la universidad, que habría sido utilizada para recibir pagos de estudiantes. La Fiscalía pretende verificar el destino de estos recursos y establecer si las operaciones cuentan con respaldo en los registros contables de la institución.
De confirmarse esta situación, los alumnos podrían enfrentar inconvenientes para acreditar pagos de cuotas u otros conceptos académicos que no hayan sido debidamente registrados.
La causa tiene como antecedente una denuncia penal presentada en mayo de 2026 por los abogados Weldon Black Zaldívar y Bettina Legal Balmaceda, en representación del IPS. En aquella oportunidad se señaló que UNASUR mantenía una deuda de G. 4.096.850.435, que incluía aportes a la seguridad social presuntamente impagos.
La denuncia también sostenía que la universidad se habría negado a proporcionar información y permitir procedimientos de inspección por parte de la previsional.
Más recientemente, en septiembre de 2026, el Consejo de Administración del IPS abordó nuevamente la situación de UNASUR y expuso que la deuda global superaba los G. 18.000 millones, incluyendo obligaciones por aportes obrero-patronales y alquileres. En esa ocasión, se decidió impulsar gestiones ante el Ministerio de Educación y Ciencias, el Consejo Nacional de Educación Superior y la Municipalidad de Asunción para solicitar la revisión de las condiciones de funcionamiento de la universidad.
