La imputación señala que el procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A. fue dispuesto el 2 de noviembre de 2026 por la causal de insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento del mínimo requerido en la ley. Según el acta de imputación fiscal, el directorio de la entidad y el síndico, en el periodo comprendido entre los años 2025 y 2026, “autorizaron y permitieron operaciones financieras que habrían comprometido en forma negativa activos del banco, compuestos principalmente con recursos de terceros, cuya restitución se encuentran obligadas a garantizar conforme a la ley y a los actos jurídicos celebrados”.
El informe de la Superintendencia de Bancos (SIB) determinó debilidades significativas en la gestión del riesgo de crédito, señalando que se otorgaron financiamientos de magnitud elevada frente a la capacidad económica y patrimonial de los clientes. De acuerdo con el documento, el equipo supervisor advirtió “una elevada dependencia de los resultados futuros de proyectos de inversión, cuyas fuentes de financiamiento, proyecciones y capacidad de generación de recursos no fueron suficientemente sustentadas”.
Asimismo, se identificaron deficiencias en la evaluación de fuentes de repago e inconsistencias en la información financiera, arrojando un déficit de previsiones por un monto de G 1.621.853.458.972 tras la reclasificación de deudores a categorías de mayor riesgo. Las operaciones irregulares detectadas se dividen fundamentalmente en tres grupos vinculados a empresas como Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.
En relación con el primer grupo de empresas que inicialmente figuraban como vinculadas y cuya desvinculación fue solicitada sin documentación de respaldo, la fiscalía constató que Ueno Bank otorgó créditos y sobregiros a favor de Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. con análisis de riesgo débiles, importes desproporcionados, plazos extensos y a sola firma, sin garantías reales.
La trazabilidad de los fondos demostró que estos no se vincularon con las actividades propias de las empresas prestatarias, “sino con el sostenimiento financiero de otras sociedades del grupo”, registrando que los recursos “fueron aplicados por estas empresas a la reducción de sobregiros, pagos de factura y/o pago de cheques con cargo a otros bancos”.
Respecto al segundo grupo, conformado por Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros, el Ministerio Público indicó que, aunque no fueron declaradas inicialmente como vinculadas, se constató el mismo patrón de otorgamiento de créditos sin garantías y con dependencia de recursos de origen no operativo provenientes del mismo grupo empresarial para el cumplimiento de las obligaciones.
Ante la persistencia de considerar a dichas firmas como vinculadas por parte de la supervisión, Ueno Bank optó por la transferencia y venta de cartera a la empresa Vinanzas S.A. por la suma de USD 74.418.418,12 en fecha 15 de junio de 2026. Sin embargo, la investigación señala que Vinanzas S.A. “al cierre del 14 de junio de 2026, día previo a la operación de compra de cartera cuestionada, no habría contado con recursos genuinos propios para pagar por la cartera de créditos”.
La Fiscalía fundamenta que la entidad realizó una venta de cartera prohibida a una empresa vinculada mediante financiación indirecta de la propia institución, lo que “impidió conocer el estado real de su situación patrimonial” y permitió “esconder la situación a la entidad supervisora”.
El Ministerio Público requirió al Juzgado Penal de Garantías la medida cautelar de prisión preventiva para Miguel Vázquez Villasanti, por peligro de fuga y de obstrucción a la investigación por su posición central como beneficiario final de Ueno Bank, vicepresidente y controlante de las sociedades receptoras de los fondos.
Para los demás coprocesados integrantes del directorio y síndico, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, con prohibición de salir del país y caución, mientras que para los representantes de las firmas deudoras requirió medidas alternativas.
Adicionalmente, se solicitó la aplicación de medidas cautelares reales de inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias de todas las personas físicas y jurídicas imputadas a través del Banco Central del Paraguay.
Estos son los imputados:
Los hechos punibles imputados son conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
- Directorio y Síndico de Ueno Bank S.A.
Federico Miguel Vázquez Villasanti – Vicepresidente 1.º, beneficiario final y controlante de sociedades vinculadas.
Juan Manuel Gustale – Directivo / miembro.
Julio Daniel Rey Fernández – Directivo / miembro.
Diana Leticia Mongelos González – Directiva / miembro.
Mariana Torres Rubiani – Directiva / miembro.
Alejandro Gómez Abente – Directivo / miembro.
Diego Fernando Duarte Schussmuller – Directivo / miembro.
Miguel Ángel Almada Frutos – Síndico de la entidad.
- Empresa MOWI S.A.
José Augusto Sala Cardozo – Accionista (90%), presidente, representante legal y exgerente general interino de Ueno Bank.
Sergio Amado Pizurno Zsarán – Accionista (10%), vicepresidente y director de Grupo M.
- Empresa Grupo Hendy S.A.
Vanessa Esther Godoy Ayala – Accionista (90%), vicepresidenta y luego presidenta.
Oscar Urdapilleta – Accionista (10%), presidente/vicepresidente, director en Red Digital y Ueno Casa de Bolsa.
César Javier Mengual Mazacotte – Presidente.
Miguel Ángel Garay – Director titular.
- Empresa Grupo M S.A.
César Manuel Astigarraga Lambare – Presidente.
Luis Ernesto Angulo Rivera – Vicepresidente.
Guillermo Vázquez Muniagurria – Director titular.
Diego Sebastián Gómez Arce – Accionista (10%) y presidente.
- Empresa TUIU S.A.
Luis Fernando Ríos Espinola – Accionista (50%) y vicepresidente.
André Gayol Pires – Accionista (40%).
Nicolás S. Di Iorio Olivares – Accionista (10%).
Rodrigo Ramón Franco Ortiz – Presidente y representante legal.
- Empresa FRANEDE S.A.
Mauro Vargas Wildberger – Accionista (99,62%) y presidente.
Cecilia Domínguez Elizeche – Vicepresidenta.
- Empresa AIME S.A. Corredores de Seguros
Martín Vargas Wildberger – Accionista (95,65%).
Gloria Villasanti Farinha – Presidenta.
Raúl Fernando Sánchez Gómez – Director titular.
